Ciudad de México.- La iniciativa de reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar no contempla la expropiación de recursos de las Afores, aseguró ayer el organismo que las representa.

Lo que sí hace la reforma es formalizar una transferencia de recursos que desde hace algunos años se realiza, aclaró la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) en un comunicado.

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El pasado 4 de abril la diputada Ivonne Cisneros y el diputado Ignacio Mier presentaron una iniciativa para modificar, entre otras, a la Ley del Seguro Social con la que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

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Es importante aclarar que la iniciativa no contempla ninguna expropiación de recursos. Lo que plantea es formalizar una transferencia de recursos que se ha estado haciendo ya desde hace algunos años”, expuso el organismo.

Además, mantiene la condición de imprescriptibilidad de los recursos de los trabajadores, tal y como se estableció desde la reforma, indicó.

La Amafore dijo que las y los trabajadores del país pueden confiar plenamente en la seguridad de sus recursos en el Sistema de Ahorro para el Retiro.

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Amafore manifiesta su voluntad de diálogo en cualquier política a favor de los trabajadores mexicanos”, sostuvo.

La propuesta ha levantado diversas críticas sobre el uso que se pudiera dar a los recursos de los ahorradores, reviviendo preocupaciones que ya se habían presentado durante el sexenio.

Analistas han advertido que la iniciativa pueda tomar un tono político al darse en plena campaña electoral por la Presidencia.

Será mixto

La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados distribuyó ayer el dictamen sobre la reforma a pensiones que será discutida el próximo lunes, con la precisión de que no se dispondrá del dinero de Afores de los trabajadores en activo.

El fondo será un fideicomiso mixto, con recursos del Gobierno y la aportación de trabajadores que estén muertos o que aún no se hayan retirado, cuyas cuentas estén inactivas.

El dinero de las Afores pasará en automático al fondo cuando el trabajador cumpla 70 años y en el caso del sector público a los 75.