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| Jorge Glas (c), exvicepresidente de Ecuador durante el Gobierno de Rafael Correa, en una fotografía de archivo. EFE

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El expresidente Correa dice que la Fiscalía de Ecuador analizará los dispositivos móviles de Glas

  Por EFE

Publicado el domingo, 14 de abril del 2024 a las 10:42


Para el Gobierno de Ecuador, el asilo que se le brindó a Glas es ilegal y va en contra de la Convención de Asilo Diplomático

Quito  .- El expresidente Rafael Correa aseveró este domingo que la Fiscalía va a analizar los dispositivos móviles incautados durante el allanamiento a la Embajada de México, en Quito, cuando la Policía detuvo al exvicepresdiente Jorge Glas, ahora recluido en la cárcel de máxima seguridad de Ecuador.

“ Fiscalía ha ordenado explotación pericial de los celulares y tablet de Jorge Glas, pese a que fueron obtenidos ilegalmente”, escribió Correa en su cuenta de la red social X.
El exgobernante, del que Glas fue su vicepresidente, cuestiona la premura para analizar los dispositivos.

“ ¿Por qué el apuro? Fácil: buscan crear un nuevo ‘escándalo’ antes de la consulta del 21 de abril”, dijo en referencia al día de la consulta popular pedida por el jefe de Estado, Daniel Noboa, sobre temas de seguridad, justicia y empleo.

“ ¡A estar preparados y no olvidar los ‘escándalos’ que inventaron en anteriores elecciones!”, concluyó el exmandatario.

La agencia EFE aún no tiene respuesta de voceros del departamento de Comunicación de la Fiscalía a quienes consultó a primeras horas de este domingo con respecto al procedimiento sobre el cual alerta Correa.

El caso de Glas con la justicia de Ecuador

El pasado viernes, un tribunal de Ecuador declaró “ilegal” y “arbitraria” la detención de Glas en la Embajada de México, que fue asaltada por la Policía, pero lo mantuvo en prisión al tener todavía pendiente por terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas vigentes emitidas en años pasados.

El tribunal consideró que se violaron los derechos de Glas al no cumplir el Estado de Ecuador el procedimiento contemplado en la normativa nacional para el allanamiento de misiones diplomáticas.

De esa forma el tribunal denegó la petición del recurso de habeas corpus con el que Glas buscaba que se le anulara su detención y se le entregara a México u a otro país que le dé asilo, conforme se lo había dado el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador horas antes de su detención al considerarlo un perseguido político.

Glas había salido de la cárcel en 2022 sin terminar de cumplir las condenas pendientes, gracias a una resolución judicial de medidas cautelares.

El exvicepresidente recibió una condena en 2017 a seis años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y en 2020 otra a ocho años de prisión por cohecho en el caso Sobornos, sobre la financiación irregular del movimiento político correísta, en el que también está condenado el expresidente Correa.

Glas había conseguido aglutinar las dos penas para cumplir sólo la de ocho años y buscaba el beneficio penitenciario de la ‘prelibertad’ para no tener que regresar a prisión al haber cumplido la mayor parte de la pena, tras haber estado encarcelado cerca de cinco años entre 2017 y 2022, pero este le denegó.

Una operación de captura cuestionada

No obstante, a Glas lo capturaron por tener una orden de prisión preventiva dentro del caso de las obras de reconstrucción tras el fuerte terremoto de 2016, donde está imputado por presunto peculado (malversación de fondos públicos), un delito que en el código penal ecuatoriano se castiga con entre 10 y 13 años de prisión.

El tribunal que trató el recurso de habeas corpus no vio responsabilidad en lo actuado por parte del presidente Daniel Noboa ni de la ministra de Gobierno e Interior, Mónica Palencia, y se declaró incompetente para dirimir sobre el asilo que le dio México, país que tras el asalto a su Embajada, suspendió relaciones con Ecuador.

Para el Gobierno de Ecuador, el asilo que se le brindó a Glas es ilegal y va en contra de la Convención de Asilo Diplomático, que indica que no pueden recibir este beneficio las personas procesadas en la justicia ordinaria por delitos comunes.

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