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Notimex
Publicado el miércoles, 7 de abril del 2010 a las 18:37
Bélgica.- El director de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea (CE), Jonathan Faul, prometió hoy hacer “todo lo posible” para atender sus preocupaciones en el nuevo acuerdo para transferencia de datos bancarios que negociará con Estados Unidos.
“Ustedes tendrán la palabra final en su aprobación. Seríamos tontos si presentáramos un acuerdo en términos que no les agradan”, afirmó Faul en un debate con la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo (PE).
Los diputados europeos vetaron en febrero pasado el pacto que permitía al gobierno estadunidense acceder a los datos de ciudadanos europeos gestionados por el consorcio Swift, responsable por las transferencias bancarias internacionales, en el marco de indagaciones antiterroristas.
Explicaron que el acuerdo no ofrecía suficientes garantías a la privacidad de los ciudadanos y reclamaron que el Consejo Europeo, organismo que reúne a los gobiernos de los 27 países miembros de la Unión Europea (UE), firmó el pacto sin consultar su opinión.
Esta vez, el texto será negociado por el Ejecutivo comunitario y, de acuerdo con las disposiciones del Tratado de Lisboa, deberá ser debatido y aprobado por el pleno de la Cámara antes de poder entrar en vigor.
“Se trata de una nueva negociación sobre un nuevo acuerdo. Esta vez el PE está implicado en el proceso y su influencia es enorme”, resaltó Faul.
Para evitar un nuevo fracaso, las comisarias de Interior, Cecilia Malmstrom, y de Justicia, Vivianne Reding, propusieron un texto que incluye más garantías de privacidad.
Una de ellas como la determinación de que Estados Unidos sólo podría acceder a algún dato mediante la previa autorización de una autoridad judicial.
Asimismo tendría que destruir los datos a los que tiene acceso en un plazo de cinco años después de su almacenaje, salvo si esté en curso una investigación.
La propuesta de Bruselas también contempla que los ciudadanos europeos podrían denunciar ante la justicia estadunidense el mal uso de sus datos, un punto sobre el que Faul promete ejercer presión para garantizar “como se puede esperar en cualquier sistema democrático”.
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