Ginebra, Suiza.- El periodista Juan Gasparini denunció ante las relatorías de la ONU las estafas y corrupción realizadas en el juicio contra los militares de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura militar en Argentina (1976-83).

Gasparini denunció la estafa de que fueron víctimas las personas detenidas en la ESMA, al ser despojados de sus bienes por los represores, entre los que se encuentra Ricardo Cavallo, detenido en México y que es juzgado en Argentina.

El periodista argentino, que también es sobreviviente de la ESMA, recordó que en ese campo de concentración fueron secuestrados y desaparecidos alrededor de cinco mil personas.

Cavallo, detenido en México en el 2000, fue inicialmente extraditado a España en el 2003 y posteriormente enviado a Argentina en 2008 por crímenes de lesa humanidad.

El represor comenzó a ser juzgado en diciembre de 2009, y es el primero de una serie de sumarios que tienen que ver con el campo de concentración de la Escuela Mecánica de la Armada, lo que se llama la megacausa ESMA.

Los fallos judiciales cuestionados por Gasparini se relacionan con el despojo de bienes de desaparecidos y en decisiones de los tribunales que habrían incurrido en corrupción, al otorgar propiedad sobre dichos bienes a una persona que nunca la habría tenido.

El caso se refiere al expolio de tierras por un valor de 20 millones de dólares en la provincia de Mendoza, en la región de Chacras de Coria, donde sus dueños fueron desposeídos de la mismas por militares, pero “la justicia habría cometido un acto de corrupción, al agregar un propietario a esas tierras que nunca lo fue”.

La investigación saca a luz el caso del hijo del desaparecido Conrado Gómez, quien reclama que su padre tenía co-propiedad en estas tierras, lo que es falso, según un documento enviado a las autoridades judiciales argentinas.

El documento elaborado por Gasparini se titula “El segundo expolio de bienes de desaparecidos en la megacausa ESMA”, que prueba todas las irregularidades con documentación oficial.

“Esto es una estafa al derecho a la verdad y la diplomacia Argentina que ha hecho su lema de establecer el derecho a la verdad como un derecho autónomo e independiente y aquí en este caso se está tergiversando la verdad”, enfatizó.

“Los militares se apropiaron de bienes de los desaparecidos, te hacían firmar papeles en blanco, escrituras en las cuales el secuestrado cedía a sociedades instrumentales o a personas de identidad falsa la propiedad de esos bienes y ahí se paran las investigaciones judiciales”.

“Lo que falta determinar es lo que hicieron los represores con esos bienes, como fueron traspasados a identidades apócrifas y luego a cómplices civiles, para ser posteriormente re-vendidos y los militares se favorecieron con el dinero de esa re-venta”, señaló Gasparini.

“El Estado lo puede aclarar muy fácilmente, habría que ver quiénes hicieron las operaciones de traspaso e inculpar, eso es perfectamente identificable y el estado lo debería de hacer, se calcula que en la ESMA se apropiaron bienes por 70 millones de dólares”, reveló.