Monclova, Coah.- En Coahuila está descartada la intervención del crimen organizado en la elección de alcaldes el próximo 2 de junio, aseguró el consejero presidente del IEC, Rodrigo Paredes Lozano, pero dijo que aún así las autoridades electorales no toman a la ligera la solicitud de medidas de seguridad para los candidatos a presidentes municipales.

“ “Por supuesto que está descartado”,

expresó, ya que a diferencia de los lamentables casos que se han visto en el país relacionados con muertes de candidatos a manos del crimen organizado, sostuvo que Coahuila está blindado desde la elección anterior.

‘No tomamos a la ligera solicitudes de seguridad’

“ “Aunque tengamos todas las medidas y un clima benigno para el desarrollo de los procesos electorales, en términos de seguridad, no tomamos a la ligera cualquier presentación de escrito o solicitud de medidas de seguridad por parte de los candidatos”,

expresó Rodrigo Paredes.

Tal es así, señaló, que las solicitudes de todos los candidatos que han pedido seguridad se han canalizado a la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado, para prestarles atención y dotarlos de elementos de seguridad.

Comentó que hasta la fecha son cuatro de los candidatos a alcaldes que han solicitado seguridad en Castaños, Piedras Negras, Ramos Arizpe y Saltillo, pero que no tienen que ver con amenazas del crimen organizado.

Añadió que en los casos específicos de Ramos Arizpe y Saltillo, no tienen que ver con temas de seguridad sino de violencia contra la mujer.

El entrevistado señaló que aún y cuando existe mucha efervescencia política en Coahuila, espera que las elecciones de los 38 Ayuntamientos se desarrollen con tranquilidad.

“ “En términos de organización vamos bien y en tiempo, y esperamos que los actores políticos, una vez dado el resultado de las elecciones, se comprometen con la misma civilidad con la que hemos transitado en las campañas políticas”,

expuso.

Finalmente, dijo que no se han presentado quejas ante el IEC por el uso de recursos públicos en campañas políticas contra alcaldes que aspiran a ser reelectos en el cargo.