Monterrey, NL .- Ante la conclusión del Periodo Ordinario de Sesiones de la Septuagésima Sexta Legislatura en el Congreso local, el Consejo Cívico de Nuevo León reveló que las diputadas y los diputados se despidieron de su cargo con un rezago legislativo importante e histórico.

En un comunicado y reflexión, la asociación civil mencionó algunos puntos que las y los legisladores no lograron aprobar debido a factores como el pleito entre poderes y el proceso electoral.

‹No acatan resoluciones.
‹Perturbación del correcto funcionamiento en el Congreso.
‹Sin nombramiento de Fiscal General de Justicia.

En el escrito detallan el caso del proceso de selección del Fiscal en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución para que tanto el ejecutivo como el legislativo pudieran continuar con el desarrollo, sin embargo, las circunstancias del pleito lo impidieron.

“ El Poder Legislativo no ha asumido su mandato constitucional y no ha culminado el proceso de nombramiento. Por ende, podemos decir que no se ha acatado la decisión de la Suprema Corte, lo cual pone en entredicho el estado de derecho en nuestro estado”, dice el comunicado.

La ley establece que para realizar nombramientos a cargos claves para la gobernabilidad deberán desempeñarse durante las sesiones ordinarias y no periodos extraordinarios, por tal motivo en Nuevo León habría un nuevo Fiscal y un Auditor hasta después del 31 de agosto, cuando tomen protesta los nuevos integrantes del Congreso.

Además, abordó el tema de la falta quorum en las sesiones por la inasistencia de las y los diputados de Movimiento Ciudadano, a lo cual culparon al proceso electoral, en donde algunos de los funcionarios buscan la reelección o un cargo diferente.

“ La prioridad absoluta de quienes sean electos este 2 de junio debería ser concluir los nombramientos pendientes en sus primeras semanas de trabajo, como muestra de compromiso con la legalidad y con los ciudadanos y ciudadanas de Nuevo León”, dice.

Por último, el Consejo Cívico se comprometió a seguir vigilando el proceso de selección, bajo las mejores prácticas, con transparencia y nombrando a una persona competente para desempeñar la función pública.