Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República tiene en sus manos abrir una investigación contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y miembros de su gabinete, por la detención ilegal del ex vicepresidente Jorge Glas, durante el asalto a la eembajada de México en Quito, el pasado 5 de abril.

Norma Mercedes Espinel Aráuz, madre de Glas, presentó una denuncia ante la Agregaduría de la FGR en la Embajada de México en España, contra Noboa y otros funcionarios por los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada y violación de los deberes de la humanidad, en agravio de su hijo.

En México no hay antecedente, al menos reciente, de una investigación que haya llevado a cabo la FGR o su antecesora, la Procuraduría General de la República, por delitos cometidos por un Jefe de Estado de otra nación, quienes tienen reconocida la inmunidad penal, con la excepción de crímenes de gravedad.

Espinel, junto con sus abogados Miguel Olmedo Robles León, Juan Manuel Torres Salgado y Moisés Augusto Montiel Mogollón, interpusieron la querella el 26 de abril pasado en la sede diplomática en Madrid, de acuerdo con documentos a los que REFORMA tuvo acceso.

Además de Noboa, la víctima denunció a Mónica Rosa Irene Palencia Núñez, Ministra de Gobierno; César Zapata Correa, Comandante General de la Policía Nacional; Jaime Vela Erazo, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y Rita Anabel Bravo Quijano, Juez Nacional de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador.

Según la denuncia, el secuestro de Glas fue ejecutado el 5 de abril a las 22:00 horas por más de una decena de integrantes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional, por órdenes de Noboa, al irrumpir violenta e ilegalmente a la Embajada mexicana.

La tortura habría ocurrido a partir del momento en que los agentes aseguraron al ex vicepresidente, cuando uno de los agentes, según la querella, le dislocó los dos dedos pulgares para esposarlo y le dijo: “para que te acuerdes de mí”.

Posteriormente, se llevó a Glas cargado de brazos suspendido en el aire.

Una vez en manos de las fuerzas del orden, Glas fue objeto de amenazas y tratos crueles, al grado de intentar quitarse la vida bajo custodia del Estado ecuatoriano y de ser hospitalizado sin que se conozca aún la razón de manera oficial, dice la relatoría de hechos.

La desaparición forzada de Glas, agrega, ocurrió entre el 5 y el 10 de abril, días en que estuvo incomunicado y no se dio noticia oficial a familiares y abogados sobre su paradero, estado de salud, vida o condiciones de internamiento.

De acuerdo con la denuncia, en un recurso de habeas corpus promovido por Glas contra su detención ilegal, Noboa reconoció que él dio la orden para allanar la Embajada, mientras que los otros funcionarios de su gabinete denunciados también admitieron haber recibido su instrucción.

Inmunidad de jefes de Estado

Si bien los jefes de Estado tienen reconocida la inmunidad penal, los representantes legales de Norma Mercedes Espinel expusieron que Daniel Noboa dejó abierto un resquicio que le da competencia legal a la FGR para indagar y perseguir los hechos denunciados.

Se trata del Decreto 111 del pasado 9 de enero, en el que el mandatario ecuatoriano declaró la existencia de un conflicto armado no estatal en su país, un estado de excepción que el 29 de febrero fue ratificado y validado en su constitucionalidad por la Corte Constitucional del Ecuador.

Esta declaratoria fue emitida por el gobierno ecuatoriano en el marco de la guerra contra las bandas del crimen organizado, a las que se clasificó como terroristas, por atentar contra la soberanía e integridad territorial.

El abogado Miguel Olmedo dijo a REFORMA que todos los delitos denunciados en agravio de Glas están previstos en el artículo 147 del Convenio IV de Ginebra de 1949, que protege a personas civiles en tiempos de guerra, y aseguró que en estos casos no es aplicable la inmunidad penal para los jefes de Estado.

Precisó que el Código Penal Federal le da competencia territorial a la FGR para investigar los hechos que ocurren en embajadas y la Norma 157 del compendio consuetudinario del Comité Internacional de la Cruz Roja establece que los tribunales nacionales pueden asumir una jurisdicción universal, cuando se trata de crímenes de guerra.

“ Cuando existe un conflicto armado no estatal como éste se aplican los convenios de derecho humanitario y uno de esos delitos contemplados en el Convenio IV de Ginebra son los delitos de las detenciones ilegales y allí es donde no opera la inmunidad del jefe de estado, porque este tipo de delitos no entran en esa inmunidad de delitos comunes”, dijo Olmedo. 

“ El caso de Baltasar Garzón contra Augusto Pinochet no tuvo éxito porque en Chile no hubo un conflicto armado reconocido, es una situación sine qua non, si tú no tienes el reconocimiento del conflicto, tú no estás tutelado por este derecho humanitario y, al no estarlo, los países que son miembros de este convenio no te pueden aplicar la justicia universal”. 

Olmedo indicó que es un hecho categórico la detención ilegal de Glas, porque así lo decretó el pasado 12 de abril la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, en virtud que el allanamiento a la sede diplomática se llevó a cabo sin orden judicial.

Protocolo de Estambul

La madre del ex vicepresidente pidió a la FGR llevar a cabo 10 actos de investigación y uno de ellos es hacer las gestiones necesarias para que un equipo de médicos y psicológicos imparciales le practiquen a Glas el Protocolo de Estambul, con la finalidad de acreditar las torturas.

También solicitó requerir a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) los videos de la Embajada y la copia del acuerdo del 4 de abril, en el que otorgó el asilo diplomático al político ecuatoriano; y citar a declarar como testigos a Roberto Canseco y Eva Martha Balbuena Reyes, jefes de la Cancillería y de Administración de la Embajada, respectivamente.

Otra de sus peticiones es que la Fiscalía solicite a las autoridades ecuatorianas la identidad de los agentes que irrumpieron en la Embajada y se llevaron al ex vicepresidente.

A esta querella fueron agregados un total de 17 documentos, en calidad de pruebas, entre ellos actas de nacimiento, tarjetas informativas de la Cancillería mexicana, comunicados de autoridades ecuatorianas, el citado decreto 111 y algunos fallos judiciales.

Uno de ellos es la sentencia del Supremo Tribunal de Justicia Federal del Brasil, en la que anula las pruebas del Caso Odebrecht, uno de los asuntos por los que Glas fue sentenciado a 6 años de prisión.