Ciudad de México.- El Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) iniciar en lo inmediato con los trámites para asegurar su participación en la prueba PISA 2025.

Esto derivado de un amparo promovido por la organización Educación con Rumbo, a la que el Poder Judicial le concedió la suspensión para que el Gobierno mexicano concrete esta evaluación internacional aplicada por la OCDE a alumnos de 15 años, edad en la que salen de la educación básica y pasan a la media superior, para medir sus conocimientos en materias consideradas como fundamentales (comprensión lectora, matemáticas y ciencias).

En entrevista con Grupo Reforma, el abogado constitucionalista colaborador de Educación con Rumbo, Miguel Ángel Ortiz, indicó que debido a la importancia de esta prueba estandarizada y al notar la incertidumbre sobre la misma en México, decidieron asegurar su permanencia por la vía legal.

Así, a finales de abril interpusieron el amparo y ayer fueron notificados de que el recurso fue aceptado y se espera que la SEP y Mejoredu ya hayan sido notificadas para darle cumplimiento.

Resaltó que pese a lo asegurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que el país participará en la prueba PISA, esta resolución cobra relevancia ante la incertidumbre y falta de transparencia sobre el avance en los trámites por parte del Estado mexicano.

“Si el presidente manifestó después de este régimen de incertidumbre que llevarían a cabo los trámites, creo que el siguiente paso es que lo puedan acreditar, que ya han cumplido y que ya han agotado todos los trámites y gestiones para asegurar que la prueba PISA se va a llevar a cabo, porque al día de hoy, no se ha garantizado que México ya cumplió con todos los requisitos, trámites y pago de derechos, e incluso la celebración de un convenio con la OCDE para garantizar que la prueba PISA se va a llevar a cabo en 2025”, expuso.

“Es un mandato que tienen que cumplir de manera inmediata, es para que se realicen los trámites y gestiones para que se lleve a cabo. Básicamente lo que está diciendo el Juzgado a las autoridades es que tienen que garantizar que la prueba PISA se realice en México en el ejercicio 2025 a partir de que se notifica y que la autoridad tiene conocimiento, y a partir de ese momento está obligada a cumplirla”.

Ortiz advirtió que si no cumple con ello, el Poder Judicial podría aplicar un régimen de sanción que va desde multa, destitución de los servidores públicos y eventualmente un procedimiento penal por desacatar un mandato judicial, si es que no se acatara.

Aunque dijo que la autoridad podría impugnar esta resolución, recordó que México ha sido evaluado por la OCDE desde el 2000 (primer año en el que se aplicó), por lo cual en términos del artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, las autoridades educativas están obligadas a cooperar con los organismos internacionales en materia de educación con el objetivo de combatir la ignorancia y acceder a conocimientos técnicos y métodos modernos de enseñanza.

“Ojalá y en lugar de impugnar, acrediten que ya estamos debidamente inscritos en la prueba ante la OCDE e incluso el amparo quede sin materia. Ese es el mejor escenario que esperamos”.

Paulina Amozurrutia, coordinadora Nacional de Educación con Rumbo, precisó que la prueba PISA es indispensable para medir el rezago en materia de educación más allá de ideologías y decisiones políticas, y confió en que los datos servirán para afrontar los retos de la vida real y medir los impactos del modelo educativo vigente, así como de los efectos de la pandemia en la educación en México.

“La prueba PISA resulta fundamental para poder contar con un diagnóstico real de la educación en México que permita llevar a la agenda nacional el Programa Sectorial de la Educación 2024-2030, a fin de que se cuente con el consenso y participación corresponsable de autoridades, candidatos a la Presidencia, sociedad civil y organismos internacionales, donde se coloque a los niños al centro de las decisiones para garantizar el interés superior de los menores durante el siguiente sexenio”, apuntó.