Saltillo, Coah.- Por unanimidad, los diputados aprobaron la nueva Ley de Protección Civil que concede facultades al Gobernador para emitir declaratorias de emergencia y que crea un fondo de apoyo inmediato para ayudar a la población.

La iniciativa busca evitar, reducir y corregir los daños causados a personas, bienes y medio ambiente ante situaciones de riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública que coloque en riesgo la vida y seguridad y su contenido se sustenta en foros de consulta abierta realizados el año pasado.

El Sistema Nacional de Protección Civil, de septiembre de 2001 al mismo mes del 2008 emitió 21 declaratorias de emergencia por desastres y contingencias climatológicas en Coahuila.

El ordenamiento sustituye la ley publicada el 11 de junio de 1996 y en su contenido destacan mecanismos para aminorar y restablecer condiciones ante el desastre, como la evacuación forzosa, la implementación de refugios temporales, la suspensión de clases y la emisión de mensajes de alerta.

Además, el condicionamiento y/o limitación del uso de servicios públicos y privados, así como el consumo de bienes, entre otros. De igual manera, ordena la capacitación a ciudadanos para actuar frente a riesgos y emergencias con campañas permanentes de protección civil.

También dispone que toda persona debe informar a las autoridades cualquier acto u omisión que cause o pueda provocar situaciones de emergencia o desastre.

Sobresale la facultad del gobernador en turno de emitir la declaratoria de emergencia o desastre para acceder a un fondo local que se establecerá a partir del 2011 en el Presupuesto de Egresos del Estado y en los presupuestos municipales para emprender acciones de remediación y atención inmediata sin esperar al respaldo federal.

Asimismo, regula los sistemas municipales de protección civil y norma la operación del Consejo Estatal en la materia y dispone que quienes deseen desempeñar labores de auxilio, deberán constituirse en un grupo voluntario para recibir capacitación y la Subsecretaría de Protección Civil autorizará o negará su operación anual. Además de las sanciones actuales, la iniciativa adiciona la cancelación de permisos, autorizaciones o registros; la suspensión o cancelación de obras, actividades o servicios, entre otro.