Madrid, España.- La posibilidad de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, sea enjuiciado por haber investigado las desapariciones de la dictadura franquista comienza a generar tensión y división de opiniones hacia el Poder Judicial.

Los diarios ABC y El Mundo criticaron que el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo llamara “cómplices” de la tortura franquista a los magistrados del Tribunal Supremo por permitir que se enjuicie a Garzón.

Lo anterior debido a que la querella por presunta prevaricación la interpusieron La Falange Española y el sindicato de extrema derecha Manos Limpias, que acusan al juez de haber intentado investigar algo para lo que no tenía competencia.

Asimismo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lamentó las críticas que se lanzan contra las instituciones del Poder Judicial debido a este caso, y las considera como “poco favorables” para el Estado de Derecho.

El opositor Partido Popular (PP), que respalda el juicio a Garzón, consideró el acto de los sindicatos como “un atentado a la democracia” y pidió que se le detenga la ola de críticas.

Por su parte, el diario El País, próximo a las tesis del gobierno español y que ha defendido a Garzón, criticó que el Tribunal Supremo quiera reunirse con corresponsales de prensa extranjera que han difundido este caso con críticas a la institución.

“Se podrá explicar a los periodistas sus aspectos procesales, pero seguirá siendo incomprensible que se persiga penalmente a un juez que ha intentado dar satisfacción a los familiares de las víctimas del franquismo que todavía yacen sin identificar en fosas comunes”, indicó.

Además de estas reacciones, sectores de la izquierda política comienzan a manifestarse contra el juicio a Garzón, como la realizada en la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid, por actores y ex presos antifranquistas.

En la cita participaron el cineasta Pedro Almodóvar, los actores Juan Diego Botto, Pilar Bardem, los escritores Luis García Montero y Almudena Grandes, que anunciaron que la próxima protesta será el 22 de abril.

El CGPJ se reúne este miércoles para suspender cautelarmente de sus funciones a Garzón, que es el paso previo al juicio.

En tanto, algunas organizaciones de derechos humanos que respaldan al juez han comenzado a actuar junto a otras organizaciones en Argentina, para promover que mediante el principio de justicia universal se pueda investigar en ese país lo que aquí no pudo hacer Garzón.