Saltillo, Coahuila.- Tranquilo se encuentra Don Pedro, guardia de seguridad agredido en el fraccionamiento Portales, tras la vinculación a proceso de José Ignacio “N”, por el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa, otorgado por la Juez Lilia Verónica Sánchez Castillo.

El asesor jurídico de Don Pedro, Oliver García, destacó que se mantiene en comunicación permanente con el guardia de seguridad, quien le ha manifestado que esta resolución le da tranquilidad, pues quiere que se haga justicia por la agresión de la que fue víctima.

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Está tranquilo, porque las cosas van caminando como las habíamos trazado, con todo el bagaje de datos que hay, pero está tranquilo, que eso es lo principal verdad, que es primero la integridad, entonces está tranquilo por ese lado”, expuso.

Refirió que en los próximos días el Ministerio Público llamará a don Pedro para una nueva valoración de sus lesiones, para determinar si presenta algunas secuelas e integrar la información a la carpeta de investigación.

Expresó que no puede adelantar comentarios respecto a la posibilidad de concluir el proceso por medio de una salida alterna, en la que “el tiburón” se declare culpable y ofrezca una reparación del daño, pues por el momento no se tiene contemplado, sin embargo, advirtió que, de existir acercamiento por parte de la defensa para buscar un diálogo al respecto, hay apertura para ello, sin que eso implique un compromiso posterior.

De igual forma, expuso que, tampoco puede adelantarse a mencionar una sanción o una cifra para reparación de daños, pues se debe esperar a que cierre el plazo de la investigación complementaria, aunque destacó que don Pedro está solicitando justicia, por lo que se apegará a la decisión del afectado.

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Sería nada más en la tesitura que marca la Convención Americana de Derechos Humanos y diversos precedentes de la Suprema Corte del país, la reparación del daño integra, que contemple todos los rubros”, refirió.

La pena para el delito de homicidio calificado en grado de tentativa es de entre 8 años como mínima y de 30 años como máxima, de acuerdo con el Artículo 184 del Código Penal de Coahuila.