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Proponen que también estados sancionen huachicol

  Por Agencia Reforma

Publicado el miércoles, 26 de junio del 2024 a las 15:40


Monreal presentó dos iniciativas en las que señala un impacto importante, en diferentes entidades, en el robo de combustibles

Ciudad de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, propuso reformas legales para que la investigación y sanción de delitos relacionados con hidrocarburos sea una responsabilidad compartida entre la Federación y las entidades federativas.

Las autoridades estatales deberán iniciar la investigación y seguir con ella, aunque la Federación pueda decidir que no atrae el caso.

Monreal presentó este miércoles dos iniciativas en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente del Congreso, en las que señala que si bien hay una disminución del 92.3 por ciento en el robo de combustibles, hay un impacto importante en diferentes entidades, que son las que resienten las consecuencias del delito.

“Debido a que tienen un primer y directo conocimiento de este delito (robo de combustibles), se advierte necesaria su intervención en el combate a este tipo penal, a través de una regulación legal adecuada de sus competencias”, explica la iniciativa de reformas a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

“Bajo esta premisa, se pretende dotar a las autoridades del orden común de la facultad para que, tratándose de la comisión de este tipo de hechos delictuosos, puedan llevar a cabo la investigación y aplicación penal de las sanciones correspondientes, sin perjuicio en el tratamiento sobre el destino final previsto legalmente para el hidrocarburo”.

Además de esta reforma, presentó una propuesta de modificación al artículo 73 de la Constitución para establecer que en materia de hidrocarburos, la legislación relativa a los delitos, las penas y sanciones sea concurrente.

Ello, con el fin reconocer la facultad de las fiscalías locales y de los jueces locales en la atención del huachicol.

“Lo anterior, también traería consigo el reforzamiento de las estrategias que en los últimos cinco años la Federación ha venido emprendiendo con eficacia para el combate a esta clase de delito federal”, se justifica en la reforma.

A la par, en el primer artículo de la ley federal se agrega un párrafo para precisar que las bases de concurrencia relativa a delitos, penas y sanciones en la materia de los delitos sobre hidrocarburos, serán aplicadas conforme a la fracción X del artículo 73 constitucional.

Se agrega un nuevo artículo 7 Bis, que precisa que, sin perjuicio de la competencia federal, las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, conocerán y resolverán los delitos en materia de hidrocarburos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad relacionadas con los mismos.

“El Ministerio Público de las entidades federativas deberá informar oportunamente al Ministerio Público de la Federación del inicio de las carpetas de investigación que sean iniciadas, a efecto de que éste cuente con los elementos necesarios para que, en su caso, y de así estimarlo pertinente, solicite la remisión de la investigación”, se lee en la propuesta.

“Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ministerio Público del fuero común podrá realizar las diligencias de investigación que correspondan, sin embargo, en caso de que el Ministerio Público Federal solicite la remisión de la investigación, estas deberán de ser, enviadas con todo lo que con ellas se relacione, dentro del plazo de tres días a partir de aquel en que se hubieren concluido”.

Si hubiese personas detenidas, añade, la remisión se hará sin demora y se observarán las disposiciones relativas a la retención ministerial por flagrancia.

“Las diligencias desahogadas hasta ese momento por las autoridades de las entidades federativas gozarán de plena validez. Cuando el Ministerio Público de la Federación conozca de los delitos previstos en esta Ley, podrá remitir al Ministerio Público de las entidades federativas la investigación”.

Ese artículo también indica que en la instrumentación y ejecución de los operativos policíacos que se realicen con motivo de los delitos previstos en esta la ley, las autoridades se coordinarán en los términos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables.

La propuesta de Monreal agrega otro artículo 7 Ter, el cual señala que los procedimientos penales y, en su caso, la ejecución de las sanciones por los delitos previstos en esta Ley se regirán por las disposiciones locales respectivas, salvo en los casos del destino del hidrocarburo, en los cuales se observarán las disposiciones del artículo 6 de la Ley contra el robo de hidrocarburos y en lo conducente, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En la iniciativa, el senador precisa que se busca establecer la manera en que se vincularán los ministerios públicos locales con el Ministerio Público federal, a fin de que este último pueda tener los elementos necesarios para decidir si atrae o no la investigación de un hecho presuntamente delictivo.

“Tal previsión tendría impacto en todo el catálogo de delitos que contempla la Ley Federal que se reforma, especialmente aquél relativo al robo de combustibles, lo cual permitirá una mayor capacidad de acción del Estado mexicano para garantizar el destino de estos recursos estratégicos para la vida económica y soberanía energética de nuestro país”, argumenta en el texto propuesto.

“Con la reforma propuesta, se estará en posibilidad de dotar a las autoridades locales de la facultad de participar en la investigación, persecución, sanción y ejecución de todos los delitos que la Ley en la materia contempla en relación con hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”.

Se precisa que de esa forma no es necesaria la creación de alguna ley general o leyes locales ni habrá de ser obstáculo el dominio directo que tiene la Nación sobre los hidrocarburos ni la calidad de empresa de exclusiva propiedad federal de Petróleos Mexicanos, pues inclusive a ésta le sería devuelto el hidrocarburo.

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