Tal cual lo planteé la semana pasada, por causa de un desaire de la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al aún Presidente de México, este último en venganza, presentó una iniciativa para reformar profundamente al Poder Judicial de la Federación con el propósito de afectar principalmente a quienes lo presiden. Esta iniciativa contempla la injerencia directa de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la futura conformación del único poder que aún conserva su autonomía.

Como lo advertí desde la entrega pasada, todo lo reseñado hasta aquí tiene el propósito de evidenciar el peligro inminente que sufre nuestra política nacional de concretarse este golpe al Poder Judicial de nuestra nación; y es que el drama que está viviendo Venezuela tras las elecciones del pasado domingo 28 de julio, y que son el resultado de un cúmulo de acciones del régimen que desde hace 25 años les gobierna, puede ser la referencia o ejemplo perfecto para que los mexicanos comprendamos perfectamente lo que desde ahora muy probablemente busca el actual régimen obradorista.

La modificación a la Constitución que ahora propone el Presidente de México, es sin duda el último paso para acopiar todo el poder, tal cual sucedió en Venezuela desde los primeros años del Gobierno de Hugo Chávez, el cual, igual que el régimen lopezobradorista, nunca tuvo moderación ni respeto a la Constitución política de su país y mucho menos a su cumplimiento.

Por si usted duda de esta afirmación, le recuerdo que el actual Gobierno mexicano se ha dedicado a proponer leyes claramente inconstitucionales, que en los hechos se han instigado gracias a la complicidad de Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte mexicana.

Por desgracia, todo lo que ahora sucede por causa de la empatía de años del pueblo venezolano, que tardó un cuarto de siglo en llegar al hartazgo generalizado que estamos observando con su lucha en las calles, trajo como consecuencia que también los países hermanos tardaran demasiado tiempo voltear a Venezuela, y es que hasta ahora después de conocerse las imágenes de desesperación de los ciudadanos de ese país, algunos gobiernos están exigiendo la transparencia de los resultados de las pasadas elecciones. Otros, como el nuestro, avalan el fraude con su silencio.

Sin duda, la gota que derramó el vaso en Venezuela fue la decisión de la autoridad electoral, de aquel país, que no tuvo empacho para impedir que la opositora más visible a Maduro, María Corina Machado, pudiera ser candidata presidencial, lo que dejó con mínimas posibilidades a los opositores de ser escuchados y servir de contrapeso; lo anterior vino después de que los venezolanos permitieran que el régimen primero utilizara el uso de las Fuerzas Armadas para dominar al país, luego conformación antidemocrática del Poder Legislativo, a lo que le precedió la cooptación del Poder Judicial, que controla a la primer autoridad mencionada.

En resumen, a Venezuela le ha tomado décadas enteras y una diáspora de 30% de su población para que la gente perdiera el miedo, de movilizarse y salir a las calles como medida desesperada para protestar y ante un tremendo riesgo de ser reprendidos por un Gobierno que por su propia causa se ha vuelto tirano; en Rusia después de 31 años aún no ocurre, y a México ¿cuánto tiempo le tomaría?