Quito.- El Comité Internacional para la Libertad de Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa, espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordene al gobierno de Ecuador que le dé un salvoconducto para que el político pueda viajar a México en calidad de asilado diplomático.

La CIDH prevé estar en el país andino el próximo lunes 28 de octubre, con actividades en Quito y Guayaquil, y según dijo a EFE el abogado y exministro boliviano Sacha Llorenti, coordinador del Comité, visitará la cárcel de máxima seguridad La Roca, en donde está recluido Glas desde abril de este año, tras su detención en la Embajada de México en Quito.

Glas, que se declara una víctima de persecución política ante las condenas y procesos judiciales que enfrenta en Ecuador por hechos ocurridos cuando era parte del Gobierno de Correa, fue detenido dentro de la embajada, en un asalto policial a la sede diplomática ordenado por el Gobierno ecuatoriano después de que México le hubiese concedido asilo.

Llorenti señaló que “lo único” que están pidiendo a la CIDH es que “haga cumplir las disposiciones del Pacto de San José, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos“, que, para ellos, implican que se garantice la integridad física y la vida del expresidente condenado por corrupción, que se le reconozca su condición de asilado diplomático y que también se le garantice el salvoconducto que solicitó México a través de la Embajada de Suiza.

Si bien la CIDH ya otorgó en 2019 medidas cautelares a favor de Glas tras considerar que se encontraba encarcelado “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”, Llorenti indicó que “las circunstancias cambiaron” tras la irrupción de la policía ecuatoriana en la sede diplomática mexicana.

“ En el marco del derecho internacional, ahora Jorge Glas es un asilado diplomático. Este es un caso atípico y el grave hecho del 5 de abril obliga a la Comisión Interamericana a pronunciarse también sobre estos temas”, señaló.

Comité denuncia condiciones “infrahumanas”

El boliviano precisó que ellos habían insistido a la CIDH en que no era necesaria una visita al país para que le pudiesen extender a Glas las medidas cautelares, pero explicó que el organismo “ha querido hacerlo de esta manera”. “Nosotros hemos esperado, pero advirtiendo del grave riesgo que corre la vida de Jorge Glas”, mencionó.

Llorenti afirmó que el exvicepresidente está detenido en condiciones “infrahumanas” y que su defensa ya agotó todos los recursos legales en el país, por lo que “corresponde a las instancias internacionales, en este caso al Sistema Interamericano, tomar medidas en este asunto”.

Agregó que están confiados en que, tras la visita, la CIDH “cumplirá con su deber” y se pronunciará a favor de Glas de manera “inmediata”. “Entendemos que la Comisión está viajando a Ecuador por la importancia, la gravedad y la urgencia del tema”, reiteró.

Además, dijo que el Gobierno ecuatoriano “tiene la obligación de cumplir” con lo que ordene la Comisión, ya que, si no lo hace, “estaría demostrando que es un Estado (que actúa) fuera de la ley”.

Condena pendiente de cumplimiento

Glas fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa y ocupó el cargo de vicepresidente entre 2013 y 2017, así como también durante los primeros meses del mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021), hasta que comenzaron las investigaciones en su contra, imputaciones y acusaciones que siempre ha rechazado al declarase un perseguido político.

En el momento de su detención en la Embajada de México en Quito, Glas tenía pendiente terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por corrupción dictadas en 2017 y 2020, por las que ya había purgado alrededor de cinco años cuando salió en libertad a finales de 2022 por orden de un juez que recientemente fue condenado a dos años de prisión por prevaricación a causa de esa decisión.

La orden judicial de detención contra Glas fue emitida en el marco de un tercer proceso penal en su contra por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción tras el devastador terremoto de 2016, un caso donde se encuentra en calidad de imputado.

México y Ecuador se han contrademandado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los hechos ocurridos el 5 de abril, con acusaciones mutuas de haber transgredido convenios y normas internacionales.