Washington, EU.- El Salvador impulsa esfuerzos con las ciudades de Tucson y Phoenix, en Arizona, para enfrentar la ley antiinmigrante SB 1070 que entrará en vigor el jueves, informaron hoy fuentes oficiales.

La meta es impulsar “mecanismos de cooperación para hacer un frente común entre el gobierno de El Salvador y los gobiernos locales”, dijo el viceministro para los Salvadoreños en el Exterior, Juan José García.

Phil Gordon, alcalde de Phoenix, capital de Arizona, y Bob Walkup, alcalde de Tucson, “se han opuesto a esa ley”, indicó.

García formuló sus declaraciones en una rueda de prensa en Washington para promover la reinscripción al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) entre sus connacionales en Estados Unidos.

El funcionario recordó que el gobierno del presidente salvadoreño Mauricio Funes ha expresado su “extrañeza” por la promulgación en abril pasado de la ley SB 1070, que calificó como “xenofóbica”.

Los esfuerzos incluyen además el respaldo a México, junto con otros países, como “amigos de la corte” en una demanda contra esa ley y el fortalecimiento del consulado en Tucson para ayudar a la comunidad salvadoreña y latina.

Informó que además existen contactos con organizaciones no gubernamentales (ONG) y de la sociedad civil para la protección legal de los inmigrantes, que incluye un convenio con la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA).

García expresó su esperanza de que la juez Susan Bolton, quien analiza las demandas del Departamento de Justicia y organizaciones civiles contra la SB 1070, considere frenar su instrumentación.

La ley antiinmigrante de Arizona “a todas luces viola los principios de derechos humanos, como el principio de la igualdad, afirmó.

Sobre la reinscripción de unos 217 mil salvadoreños al TPS, señaló que en caso de que el Congreso apruebe un plan de legalización, esos inmigrantes serían “los primeros en la línea” porque “cumplen con todos los requisitos”.

Informó que existen esfuerzos de la red de consulados, así como posibles acuerdos con entidades bancarias, para asistir con préstamos a salvadoreños que enfrentan dificultades para hacer los pagos de la reinscripción.

Denunció, por otro lado, que migrantes centroamericanos en ruta a Estados Unidos han sido víctimas de robos, como el ocurrido el pasado fin de semana que afectó a unas 400 personas en el estado mexicano de Chiapas.

El Salvador puede pedir a México que frene los robos o a Estados Unidos que apruebe una reforma migratoria integral, pero los países de origen de esos migrantes tienen que “hacer lo propio” para generar mejores condiciones, indicó.

Agregó que, de esa manera, la migración sería una opción que decidan libremente los nacionales de esos países y no una necesidad de quienes se sienten obligados a hacerlo.

“Hay comunidades en El Salvador en el que la migración no es ni siquiera un opción racional, sino una costumbre. Ya no se piensa. Al terminar la secundaria, la única opción para muchos es migrar, no queda de otra. Tenemos que cambiar esa concepción”, aseveró.