La fiscalía anticorrupción, a cargo de Karla Samperio Flores, está a días de recibir la petición formal para investigar al alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, por las irregularidades en la construcción y habilitación de la recién inaugurada casa cuna Casa Nana.

Curiosamente, este movimiento podría coincidir con la presentación en el Congreso del Estado, que preside Luz Elena Morales Núñez, de la demanda de juicio político contra Cepeda. Las acusaciones no solo incluyen el tema de la Casa Nana, sino también otras irregularidades, con la posibilidad de que se acumulen más.

¿Acción o simulación?

El diputado de Morena, Antonio Attolini Murra, el mayor crítico de Cepeda, exigió respuestas sobre proyectos como Iluminemos Torreón. Su denuncia más reciente apunta a un presunto desvío de más de tres millones de pesos destinados a focos ahorradores, aunque esto parece ser solo el inicio de una larga y entramada historia de corrupción.

Attolini también presiona al alcalde para aclarar otros gastos controvertidos: 40 millones en Casa Nana, 700 mil pesos en vuelos a Bruselas y la polémica escultura del águila. El mensaje es claro: si Cepeda no rinde cuentas, enviará una señal de impunidad a todos los alcaldes.

A todo esto, ¿Cepeda todavía tendrá refugio seguro en la ‘cuatroté’?

Bien raro

Por cierto, por extraño que parezca, el que apareció para defender al señalado alcalde de Torreón fue, nada más, y nada menos, que Diego del Bosque Villarreal, quien cobra como dirigente de Morena en el estado.

Para sorpresa de todos, del Bosque cuestionó a su compañero de partido, el diputado Attolini, por los señalamientos que ha hecho públicos sobre la gestión de Román Alberto Cepeda. ¿De ese tamaño será el acuerdo?

Homologación obligada

La adecuación constitucional en Coahuila para alinearse con la Reforma Judicial Federal no es más que un protocolo que todos los estados deben cumplir. Sin embargo, lo interesante será ver cómo el Congreso local aterriza los cambios propuestos. Las elecciones populares para jueces y magistrados suenan bien en el discurso, pero ¿cómo garantizarán que esto no termine siendo una feria de intereses partidistas?

Además, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y los órganos administrativos parecen avances necesarios, pero la verdadera prueba estará en su implementación y autonomía. Coahuila, al igual que otros estados, enfrenta el reto de traducir las órdenes federales en acciones que realmente fortalezcan el sistema judicial, y no solo cumplan por cumplir. Aquí es donde veremos si las buenas intenciones se quedan en el papel o se convierten en el cambio que tanto se pregona.