Ciudad de México.- Un tribunal federal canceló dos de los cuatro delitos imputados a tres ex mandos de la Procuraduría General de la República (PGR), en el caso de un supuesto desvío de más de 852 millones de pesos por la compra de camionetas con equipo de espionaje.

Se trata de la ex Oficial Mayor, Judith Aracely Gómez Molano, el ex jefe de la Policía Federal Ministerial, Vidal Díaz Leal Ochoa, y el ex director adjunto de Apoyo Ministerial y Telecomunicaciones del Cuerpo Técnico de Control de la PGR, César Gustavo Ramírez Torralba.

El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación resolvió que no hay elementos para procesarlos por los delitos de peculado agravado y fraude equiparado, sin embargo, confirmó que el proceso debe seguir abierto por asociación delictuosa y uso indebido de atribuciones y facultades.

Los magistrados del tribunal confirmaron el fallo dictado el 15 de mayo de 2023, dictado por un Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente.

Por el monto, este es el asunto más relevante que ha sido llevado a los tribunales contra los ex colaboradores de Jesús Murillo Karam, de un total de cinco carpetas de investigación que han sido judicializadas.

Este es un caso en el que la FGR asegura que los ex funcionarios desviaron recursos de las partidas “Gastos de Seguridad Pública y Nacional” y “Equipo de Seguridad Pública y Nacional”.

En el 2013 y 2014, según la Fiscalía, los imputados participaron en dos contratos supuestamente ilegales, en uno adquirieron 24 camionetas y, en otro, equipo de intervención de comunicaciones, por un total de 852 millones 352 mil 183 pesos.

Los contratos fueron asignados a las empresas Acumen Telecomunicaciones y Vans y Suvs de Lujo, según la indagatoria.

El pago se hizo con recursos de las partidas “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, y “Equipo de Seguridad Pública y Nacional”.

La FGR sostiene que los contratos fueron indebidos, discrecionales y arbitrarios, ante la falta de justificaciones de condiciones de urgencia, riesgo o confidencialidad que la norma exige para ejercer los fondos de dichas partidas.

Luego de que en marzo de 2023 fueran vinculados a proceso, tanto la FGR como los imputados apelaron el fallo, pero el tribunal de segunda instancia confirmó la decisión del juez porque consideró que los argumentos o agravios de ambas partes unos eran infundados y otros inoperantes.

“ Con dichas acciones sincronizadas lograron el desvío y distracción de recursos por la cantidad de 852 millones 352 mil 183.96 pesos, utilizándolos para beneficio de un tercero, en el caso empresas particulares a las cuales se otorgaron de forma discrecional contratos para la adquisición de bienes y servicios que no eran de urgente necesidad o en su defecto para el cumplimiento de las actividades sustantivas encomendadas a la entonces PGR”, resolvió el tribunal.

Ahora los imputados pueden presentar un amparo.