Ciudad de México.- La Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) denunció hoy que tres sentencias adversas al Gobierno, dictadas en un espacio de dos meses en 2023, fueron las que recrudecieron la campaña permanente de ataques que inició en 2019 y que culminó con la reforma para elegir a todos los jueces del País por voto popular.

En el segundo y último informe de su Presidencia, que se verá truncada por la reforma, la Ministra Norma Piña sostuvo además que su elección al frente de la Corte, en enero de 2023, significó el regreso de la plena autonomía del tribunal, y el inicio de una ofensiva del Gobierno y los medios oficiales para revertirla, por no sumarse al proyecto político dominante.

Piña agregó que la reforma judicial, además de no tener precedente a nivel mundial, tiene dos problemas de origen: se hizo sin diagnóstico y se basa en una narrativa falsa, repetida una y otra vez, una posverdad que no apeló a hechos objetivos, sino a emociones y sentimientos.

Tres puntos de quiebre

Norma Piña, quien al igual que otros cinco Ministros y una Ministra ya renunciaron, pero saldrán de la Corte el 31 de agosto de 2025, detalló los casos de 2023 que calificó como punto de quiebre con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien no mencionó por nombre.

En abril, la invalidez del traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; en mayo, la nulidad del decreto de López Obrador para clasificar como seguridad nacional y exentar de trámites sus obras prioritarias; y en junio, la cancelación del Plan B de reformas electorales.

“Cada vez que la Corte resolvió uno de esos casos, las y los Ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces Constitucionales y de cara a la sociedad”, dijo.

“En cambio, cuando la Corte resolvía casos de forma que se percibía favorable al gobierno, dichas resoluciones se celebraban públicamente y, en estas ocasiones, se llamaba traidores a la patria y al pueblo a quienes habían promovido medios Constitucionales de defensa para controvertir políticas, iniciativas o proyectos gubernamentales”.

Sin embargo, aclaró, 2023 no fue el principio, sino el endurecimiento de lo que inició con la llegada de López Obrador al poder.

“La campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal (PJF) para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas se intensificó -inclusive de manera violenta- cuando la Corte y sus integrantes actuamos, como nos corresponde, como un tribunal Constitucional, pero lo cierto es que la campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales comenzó hace más de seis años. No debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes”, sostuvo.

La Ministra destacó, como muestra de injerencia política, el intento de Morena y sus aliados en el Congreso, en 2021, para prolongar hasta el final del sexenio la Presidencia de Arturo Zaldívar, ahora funcionario del Gobierno de Claudia Sheinbaum y operador central de la reforma judicial.

“Posteriormente, se impulsó la reforma judicial de 2024. Se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones dictadas por los jueces federales en contravención directa de la Constitución, desestimando la autoridad del PJF y de los jueces y magistrados en particular. También, se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos”, acusó.

“No soy solo yo, sino también la academia y los organismos internacionales, advierten que todas estas campañas en contra de las y los juzgadores federales, constituyeron amenazas y ataques a la independencia judicial, y consecuentemente, una muy peligrosa práctica antidemocrática”.

¿Por qué sólo van sobre los tribunales?

La Ministra, una de solo tres de carrera judicial que siguen en la Corte, cuestionó por qué no hay iniciativas del Gobierno para mejorar las policías, las fiscalías, la atención a víctimas y un sistema penitenciario en ruinas, en vez de concentrar todos sus esfuerzos en transformar los tribunales.

También enfatizó que se ataca a los jueces por la tardanza para sentenciar a personas en la cárcel, pero las críticas provienen de un Gobierno que ha hecho todo para expandir el uso de la prisión preventiva forzosa.

“Espero que la finalidad de esta reforma, por el bien de México, no consista en destruir sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos; un mejor control de regularidad Constitucionalidad; un mejor sistema de contrapesos entre los poderes del Estado, todo ello en beneficio de la sociedad y de nuestro país, pero esto solo se verá con el tiempo”, afirmó.

Al final del discurso, en ausencia de representantes de los otros Podres, salvo un subsecretario de Gobernación, Piña habló en tono de despedida y dijo que, pese a sus preocupaciones y reservas, desea lo mejor para el País.

“Ninguna falla justifica la eliminación, de tajo, de la carrera judicial; menos aún, el establecimiento de un sistema que, según la experiencia comparada, no solo no abona a la impartición de justicia, sino que la politiza”, manifestó.

“Por ello, siempre sostendré que la existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado construir”.

A partir de enero, y durante ocho meses, 10 de los Ministros y Ministras en funciones tendrán que colaborar con la reforma, proponiendo candidatos a los 881 puestos que se elegirán en las urnas, e incluso calificando la validez de la elección de 17 magistrados electorales.

Siete de ellos lo harán a regañadientes, pues en privado, expresan su molestia por tener que desempeñar este papel, que se les impuso como condición para mantener su haber de retiro, pero que también han asumido para que la Corte no deje de funcionar, pues no hay manera de nombrar reemplazos si dejan sus cargos.

En cambio, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, quienes no aplaudieron el discurso de Pina, competirán en la elección y están en plena campaña.

Las tres Ministras defienden la reforma con entusiasmo, y para septiembre, son las que podrían controlar la Corte.