Ciudad de México.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indaga a la juez federal Jacqueline Betancourt Silva por presuntamente revisarle a su personal los teléfonos celulares, amenazarle con el inicio de procedimientos administrativos e incluso privar de la libertad a un secretario.

A Betancourt le atribuyen los supuestos abusos cuando era Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la Ciudad de México.

Durante el paro de labores, Betancourt dijo en una entrevista televisiva que la reforma judicial terminaría con el Estado de Derecho y que era una forma de totalitarismo que tomaría el País; no obstante, se inscribió en el Comité de Evaluación del Poder Legislativo para contender por el cargo de magistrada en la elección de 2025.

El año pasado, 13 oficiales administrativos y judiciales, actuarios y secretarios de dicho juzgado pidieron la intervención de la Visitaduría del CJF, así como medidas urgentes de protección y suspender del cargo a la juzgadora.

“Solicitamos que la Juez denunciada Jacqueline Betancourt Silva sea suspendida… ello con la finalidad que no se obstaculice el desarrollo de la visita extraordinaria propuesta, ni se entorpezca la investigación, además”, dicen los denunciantes.

“Con tal suspensión se impide la continuación de los efectos perjudiciales en contra de los suscritos con relación a las conductas que se atribuyen a la denunciada, como son el acoso laboral, violencia de género, la carga excesiva de trabajo mal distribuida en contra de los que aquí denunciamos, con el objetivo de beneficiar a sus consentidos, a quienes identifica como su gente”.

Después de la solicitud, la impartidora de justicia fue reasignada al Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de México, en Ciudad Nezahualcóyotl.

La denuncia está firmada por Ángel Alberto Rodríguez Alonso, Aniceto Pedraza Pérez, Claudia Elena Rivera Zúñiga, Edgar Fernando Palacios Merino, José Alberto Miranda Contreras, José Miguel Silva Martínez y Juan Pablo Cobián Contreras.

También por Karla Esqueda García, María del Carmen Mosqueda Sepúlveda, Martín Alonso Pérez Sanabria, Nadia Carbajal Pérez, Jorge Baños Ramos y Emma Peralta Morales.

Uno de los incidentes que relata la denuncia es el ocurrido el 25 de mayo pasado, cuando la juez llamó a su privado al secretario Julio Esteban López Ruiz, con quien ya tenía algunos roces, y con el apoyo de sus cinco guaruras, la juzgadora le impidió salir de su despacho.

“Le pidió la renuncia o que solicitara una licencia, además de ordenar a José Torres Ibarra, que lo inspeccionara corporalmente para encontrarle el teléfono con el que grababa los hechos ocurridos, transcurridos aproximadamente unos 50 minutos más tarde, fue conminado y escoltado por dicho personal de seguridad a la salida del juzgado”, se señala en el documento.

Como se resistió a renunciar, a partir de entonces y hasta el relevo de la juez, Julio Esteban estuvo vigilado por un secretario al que encomendaron trabajar frente a él en una mesa improvisada, para estar pendiente de sus movimientos, se detalla en la denuncia.

Según el documento, en una ocasión la secretaria particular de la juez, quien pedía los teléfonos a quien deseara pasar a la oficina de la juzgadora, revisó el celular de una secretaria de nombre Noemí Moreno Álvarez.

La denuncia explica que cuando era juez del Centro Auxiliar cambiaba arbitrariamente de área a su personal como represalia y tenía seis actuarios que realizaban actividades ajenas a sus labores formales, pues unos hacían funciones de revisores y otros foliaban y sellaban documentos para archivo.

“El hijo del administrador del edificio está como revisor afuera del cubículo de la titular, otra está en la Oficialía de Partes, otro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes”, se agrega en el documento.

Según fuentes judiciales, el dictamen del CJF está prácticamente terminado desde hace tiempo, sin embargo, no ha sido resuelto. Se desconoce el sentido en que el Consejo determinará este asunto.