Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República apeló el beneficio de la libertad anticipada concedido a Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fuentes ministeriales confirmaron que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada presentó su impugnación ante la juez de control Perla Fabiola Ayala Estrada, quien la semana pasada otorgó el beneficio preliberacional.

La juzgadora del Centro de Justicia Penal Federal de Morelos, con sede en Xochitepec, turnará el recurso ante un Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la entidad para que determine si confirma, revoca o modifica el beneficio otorgado.

González Valencia continuará internada en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Femenil de Morelos, por lo menos hasta que dicho tribunal determine si debe quedar en libertad.

El pasado miércoles, la juez Ayala otorgó a la esposa del presunto capo tres medidas de control, dentro de la causa penal en la que fue sentenciada a 5 años de prisión por el delito de lavado de dinero.

Le impusieron la presentación periódica mensual ante la Dirección de Control de Sentenciados en Libertad del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS); residir en un domicilio concreto del cual no podrá ausentarse; y dedicarse a una actividad lícita.

No obstante, la juzgadora estableció que la excarcelación se haría efectiva hasta que causara ejecutoria, es decir, hasta que fuera confirmada en la última instancia judicial.

El beneficio le fue concedido en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que la libertad condicional es procedente cuando el sentenciado cumple con el 60 por ciento de su condena por delitos dolosos, no tiene otra sentencia condenatoria; y tiene buena conducta durante la reclusión.

La esposa de “El Mencho” ha cumplido ya tres años y dos meses de los 5 años a los que fue sentenciada en el juicio por lavado.

El 26 de mayo de 2018, la Marina detuvo a la ahora sentenciada en Zapopan, Jalisco, con base en una orden de aprehensión por lavado de dinero.

El 2 de junio siguiente fue vinculada a proceso y le impusieron la prisión preventiva justificada, como parte de una investigación que la relaciona con una red de empresas y personas que entre el 2015 y 2016 lavaron más de mil 100 millones de pesos en el sistema bancario.

A principios de septiembre de 2018, un juez federal le concedió la libertad provisional con la condición de presentarse cada jueves al centro de justicia en Morelos y no salir del País.

Como no atendió dos citatorios girados el 5 y 7 de septiembre del mismo año para presentarse el siguiente día 13 ante el de la causa, éste ordenó su reaprehensión, la cual se ejecutó otra vez en Zapopan, el 15 de noviembre de 2021. Desde entonces, está presa en el Cefereso Femenil de Morelos.