Se menciona que las leyes secundarias que integran la iniciativa “fortalecen a las empresas públicas del Estado, dan orden y certeza a los agentes privados, aumentan las capacidades de seguimiento de los participantes, mejoran la regulación desde un enfoque técnico, fortalece la trazabilidad en los procesos y da un marco jurídico claro, no sólo a los sectores eléctrico y de hidrocarburos, sino también a las actividades relacionadas con la transición energética, como son los biocombustibles y la geotermia”.

De acuerdo con el documento que consta de 998 cuartillas, estos cambios normativos incluyen la transformación de Pemex y CFE en empresas públicas del Estado, con una estructura integrada que les permitirá operar de manera eficiente y garantizar la seguridad energética del país.

También la reincorporación del litio como un área estratégica exclusiva del Estado, prohibiendo la concesión de este recurso a empresas privadas.

Así como la determinación de que las actividades que realicen las empresas públicas del Estado, CFE y Pemex, no serán monopólicas, permitiéndoles operar en condiciones equitativas dentro del mercado energético y preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación.

Modificación de la regulación del sector eléctrico, estableciendo la prevalencia de la CFE en la generación eléctrica y prohibiendo el lucro en la prestación de servicios esenciales.

Además del fortalecimiento de la planeación en el sector energético al hacerla vinculante, bajo la rectoría de la Secretaría de Energía (Sener), para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

La determinación del servicio de internet que provee el Estado, como una nueva área estratégica. Y la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), transfiriendo sus atribuciones a la Sener con el propósito de evitar la duplicidad de funciones y mejorar la eficiencia regulatoria y de coordinación en el sector energético.