La demanda, presentada en una corte federal en Illinois, pide a los jueces que revoquen y califiquen de inconstitucionales las protecciones que existen a nivel estatal y local que protegen a la población indocumentada de la deportación.

Tanto el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, están incluidos en la demanda, según el reporte de Fox News.

“ Las leyes locales “están diseñadas para interferir contra los esfuerzos del gobierno federal en materia de violaciones a la ley migratoria”, dice la querella.

El Departamento de Justicia ya había advertido que investigaría a los servidores públicos que no colaboraran con las políticas federales, por eso demandó a la ciudad santuario.

“ Además de exacerbar la crisis nacional, algunos de estos migrantes encuentran paraísos seguros para escapar de las fuerzas federales, en las autoproclamadas ciudades santuario, donde viven y trabajan entre estadunidenses inocentes, quienes pueden convertirse en sus víctimas”, asegura la demanda, citada por Fox News.

En concreto, el Departamento de Justicia señala una ley estatal, una a nivel del condado de Cook y otra de la ciudad de Chicago que prohíben a las autoridades locales colaborar con agentes de migración, al igual que limitan la información que comparten sobre la población migrante con el gobierno federal.

Este tipo de directrices (conocidas como leyes de “ciudad santuario”, vigentes en varias de las principales urbes del país incluyendo Nueva York o Los Ángeles) han sido ampliamente criticadas por los políticos republicanos y por el actual mandatario.

Los abogados del gobierno insistieron en que “muchos” de los migrantes indocumentados que están en Estados Unidos presentan una “amenaza contra la seguridad nacional”.

El Ejecutivo de Trump ha calificado a las personas indocumentadas como “criminales” y ha promocionado una narrativa que ha sido tildada por activistas como “xenófoba”.

Las medidas de los gobiernos “santuario” han sido defendidas por los gobiernos locales y organizaciones asegurando que fortalecen la relación entre la policía local y las comunidades migrantes, permitiendo que las personas denuncien crímenes o colaboren con las autoridades sin miedo a ser deportadas.

Bajo la ley estadunidense, vivir en el país sin autorización o estatus legal no es una falta criminal sino civil.

Por otro lado, cruzar la frontera sin inspección (codificado como ‘ingreso indebido’) o intentar entrar en Estados Unidos después de haber sido deportado o expulsado sí está tipificado en la legislación penal: el primero como un delito menor y el segundo como un delito grave.

Múltiples estudios, incluyendo una investigación de la Universidad de Stanford que analiza datos desde la década de los 60, han encontrado que los migrantes tienen menos probabilidades de cometer crímenes o ser condenados por un crimen que las personas nacidas en Estados Unidos.