Ciudad de México.– Los escándalos de corrupción en la Cooperativa La Cruz Azul S.C.L.  parecen no tener fin. En un conflicto que ya cumplió poco más de seis años y que ha dejado al menos 10 muertos, el grupo de Víctor Manuel Velázquez Rangel echó mano de una empresa facturera que supuestamente realizó auditorías a la cementera en los ejercicios de 2010 a 2019.

La presunta defraudación fiscal por el servicio de esta empresa fantasma, con la razón social Asesoría Jurídica y Fiscal Larmen, S.A. de C.V., fue por 26.7 millones de pesos, según una copia de la factura con el folio fiscal 371D7844-BF5A, con fecha del 4 de septiembre de 2020, en poder de MILENIO.

El periodo que comprenden esas supuestas auditorías corresponden a los últimos 10 años de Guillermo ‘Billy’ Álvarez –antagonista del grupo encabezado por Velázquez– al frente de la dirección de la Cooperativa La Cruz Azul, quien fue detenido el 16 de enero al sur de la Ciudad de México.

El empresario se encontraba prófugo de la justicia desde agosto de 2020 luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) emitió órdenes de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. A ‘Billy’ Álvarez se le acusa de haber desviado recursos por 114 millones de pesos entre 2011 y 2017, a través de cuatro empresas factureras.

Álvarez estuvo 32 años al frente de la cooperativa. El 29 de julio de 2020 se le giró una órden de aprehensión acusado de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita y el 1 de agosto deja definitivamente la presidencia de la compañía.

Más allá de las acusaciones y detención contra ‘Billy’ Álvarez, los escándalos continúan con la actual administración de la cooperativa.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público  (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) decretaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en la edición del 30 de marzo de 2022, que Asesoría Jurídica y Fiscal Larmen, S.A. de C.V. se enmarca en los supuestos de empresas fantasma, de acuerdo con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

“Ausencia de activos” y “ausencia de personal” fueron los resultados que arrojó el dictamen realizado por la Administración Central de Fiscalización Estratégica del SAT a esta empresa facturera, con domicilio en la ciudad de Puebla.

Velázquez Rangel, líder de uno de los dos grupos antagónicos que se disputan el Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul y que tienen el control de todas las instalaciones de la cementera en distintos estados de la República, excepto la de Tula, Hidalgo, habría adquirido esta factura por 26.7 millones de pesos el 4 de septiembre de 2020.

Un mes antes, el 6 de agosto de ese año, el grupo que encabezan Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez se apoderó de las oficinas corporativas de la cooperativa –catalogada como la más grande de América Latina–, ubicadas en Periférico Sur, en la zona del Pedregal.

La factura fue emitida con el código postal 42083, que corresponde a distintas colonias y fraccionamientos en Pachuca de Soto, Hidalgo.

El uso del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que se utilizó en el documento fue por “gastos en general” y la descripción del servicio fue por una “auditoría fiscal por los periodos del 1 de enero al 31 de diciembre de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019”.

Para el 8 de septiembre de 2021 la SHCP y el SAT publicaron un oficio conjunto en el Diario Oficial de la Federación en el que reveló un listado global de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, es decir, factureras o empresas fantasma. Dentro de esa relación se encontraba la empresa Asesoría Jurídica y Fiscal Larmen.

La norma señala que el contribuyente que fue alertado por este supuesto tiene hasta 20 días para presentar pruebas y el SAT cuenta con un plazo de 50 días para investigar y tomar una resolución. Ese día llegó el 30 de marzo de 2022. En el DOF de esa fecha la autoridad ratificó a Asesoría Jurídica y Fiscal Larmen como empresa facturera.

Víctimas de la pugna

En la disputa sin cuartel por el Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul entre Víctor Manuel Velázquez Rangel y Federico Sarabia Pozo el saldo ha sido de 10 personas fallecidas. Sarabia encabeza el grupo de socios que desde 2020 tomaron por la fuerza la cementera de Jasso, en Tula.

El choque más violento entre estos bloques antagónicos se dio el 27 de abril de 2022 tras un fallido intento de asalto a las instalaciones de Tula por parte de un grupo de al menos 500 personas, procedentes de la Ciudad de México y el Estado de México, afines a Velázquez Rangel. En ese hecho perdieron la vida ocho personas.

Las víctimas mortales han sido sobre todo del grupo de Sarabia Pozo. El 14 de octubre de 2020 se registró la muerte de Oliverio Guerrero Trujillo, otro cooperativista afín a ese grupo.

El trabajador fue atropellado por una camioneta en la que viajaban Velázquez Rangel y Marín Gutiérrez durante un enfrentamiento en la planta de Lagunas, Oaxaca, luego de que un grupo de personas identificadas con el bloque de Velázquez Rangel intentó tomar las instalaciones.

Se presume que Javier Alejandro Figueroa Mendoza, afín al grupo de “Billy” Álvarez, aventó intencionalmente al cooperativista a las llantas de la camioneta.

Meses después, Antonio Moya Espinoza, cooperativista afín al grupo de Sarabia Pozo, fue asesinado misteriosamente de un disparo en la cabeza el 24 de junio de 2021 en la colonia Narvarte, Ciudad de México.

En las investigaciones de este crimen, los familiares del trabajador declararon ante las autoridades que semanas antes de su muerte había recibido diversas amenazas para desistirse de denuncias que había presentado en contra de Velázquez Rangel.

Entre agosto de 2020 y enero de 2021 el grupo de Víctor Manuel Velázquez tomó el control de tres de las cuatro plantas cementeras de Cooperativa La Cruz Azul: la de Lagunas, Oaxaca; la de Palmar del Bravo, Puebla, y la de Tepezalá, Aguascalientes, así como el edificio corporativo, en el sur de la Ciudad de México, y las oficinas centrales, en la colonia Del Valle, en la capital del país.