Oaxaca, Oax.- Integrantes de la Asamblea de los Pueblos por la Justicia Social partieron ayer al mediodía en caravana motorizada hacia el zócalo de la Ciudad de México para solicitar la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante “la falta de justicia, seguridad y sobre todo represión” que el gobierno del morenista Salomón Jara Cruz ejerce en la entidad.

Se trata de unos 200 miembros de distintas organizaciones sociales que reclaman ayuda, pues en lugar de recibir atención de las autoridades estatales, éstas los atacan y denuestan a través de conferencias que encabezan Jara Cruz y el secretario de Gobierno, Jesús Romero López.

Los manifestantes acusaron a ambos de incurrir en las viejas prácticas del gobierno estatal que encabezó el priísta Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010). Aseguraron que la administración Jarista se ha olvidado de los principios impulsados por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación, y queda a deber en Oaxaca, ya que, acusaron, el mandatario “aplica el principio de que si no estás con él, estás contra él”.

Ernesto López, del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep), afirmó que en el estado hay una clara traición hacia el pueblo, los gobernantes se olvidaron “de la democracia y solo actúan a conveniencia; atacan y criminalizan a todo aquel que piense diferente a ellos, ya sean defensores de derechos humanos, luchadores sociales o medios de comunicación“.

Refirió que los militantes del Codep han padecido una serie de ataques, incluida la ejecución extrajudicial de Gerardo Cruz Palacios, perpetrada el 7 de octubre de 2024. Recordó que en septiembre de ese mismo año fueron levantadas dos personas, y una de ellas recibió dos balazos. Reprochó que pese a las denuncias presentadas las indagatorias de los casos no avanzan.

López mencionó que está preso el luchador social Julián Ramírez González, quien “históricamente ha sido representante” del Codep en la zona triqui. Expuso que su compañero fue detenido en 2022 acusado de presunto robo de vehículo, a partir de una denuncia de la Fiscalía General de la República, por lo que el estado se lava las manos y el caso “se encuentra congelado, no avanza, no hay audiencias ni nada”.

Reprochó que los participantes en la caravana motorizada han sido intimidados mediante llamadas telefónicas, en las que se les advierte que si intervienen en protestas en la capital del país, las querellas que han interpuesto ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca por agresiones, amenazas, u otros delitos, se quedarían congeladas e incluso en el olvido. Puntualizó que la lucha se mantiene, no obstante las amenazas.

Los manifestantes estacionaron desde ayer a las 7 horas un camión de la empresa Sur, frente al palacio de gobierno, con intención de utilizarlo como parte de la caravana, pero funcionarios del gobierno estatal se comunicaron con la firma para retirar la unidad, con la advertencia de sanciones.

Sin embargo, la compañía señaló que el vehículo dependía de las organizaciones que la contrataron, por lo que permaneció en el lugar hasta que el contingente salió a la Ciudad de México.