Salvador Martínez | Saltillo, Coah.- El caso de Liz Colunga, la joven de 29 años agredida por sus vecinas en Saltillo, dio un giro nuevo debido presuntas irregularidades cometidas por agentes ministeriales al ejecutar la orden de aprehensión contra las agresoras.

El 28 de febrero, la audiencia inicial se vio frustrada por la inasistencia de las imputadas, lo que llevó al juez a emitir una orden de captura. 

Fue hasta el 4 de marzo cuando Monserrat y Daniela fueron detenidas por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE); sin embargo, al presentarse ante la jueza, ambas portaban collarines y denunciaron haber sido víctimas de un uso excesivo de la fuerza durante su arresto.

Ante estos señalamientos y la supuesta falta de cumplimiento de protocolos por parte de los ministeriales, la jueza determinó anular la orden de aprehensión y permitió que las acusadas regresaran a sus hogares para guardar reposo, posponiendo la audiencia hasta el próximo 2 de abril.

Liz Colunga expresó su frustración, señalando que el proceso ha enfrentado constantes retrasos y obstáculos; además, destacó que mientras la defensa de sus agresoras cuenta con tres abogados, ella sólo dispone de uno de oficio.