Saltillo, Coah.- Tras la denuncia sobre el uso de un gas para disipar a las participantes en la marcha del 8M en el Congreso del Estado, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, explicó que los policías tienen prohibido utilizar gas en este tipo de actos. 

El fiscal señaló que dentro de la marcha hubo personas infiltradas, cuyo objetivo era provocar a las autoridades causando daños y poniendo en riesgo la integridad de las mujeres y menores de edad que participaron en la marcha, es por ello que los policías actuaron para contener un posible riesgo. 

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Había un riesgo latente de causar un posible incendio dentro de la institución, había algunas personas del sexo masculino en la marcha y la verdad es que la contención que se hizo ayudó a que no pasara a mayores”.

Había riesgo de incendio

Fernández Montañez explicó que dentro del Congreso se localizaron unas estopas remojadas con algún tipo de combustible y por ello el personal que se encontraba de guardia decidió activar los extintores. 

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Lo que nosotros tenemos por parte del Congreso y de los elementos de la Policía Municipal que estaban al interior resguardando es una especie de combustible, puede ser queroseno, no lo sabemos, thinner, en esa especie de estopas. Lo que se ve en algunas imágenes que sale del Congreso no es para nada (gas), porque además la Policía no está equipada con ningún tipo de gas, ni nada de esto”.

Eran extintores, aclara fiscal

El fiscal refirió que dentro del protocolo de actuación policial para este tipo de actos como las manifestaciones, los policías van desarmados y aclaró qué fue lo que salió del Congreso y qué asustó a las manifestantes. 

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Lo que sale del Congreso no es nada más que el uso del extintor por parte del personal adentro del Congreso para evitar que esas estopas, que tenían un combustible, posterior a eso si se lanza cualquier tipo de fuego pues imagínense”.

Abrirán investigación

Por otra parte, explicó que dentro de cada una de las corporaciones de seguridad que participaron en la marcha se abrirán procedimientos administrativos para investigar si alguno de los elementos actuó fuera del protocolo y así interponer una sanción.