Mexicali, BC.- Para el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), surgido a partir del movimiento de trabajadores de hace 10 años contra la explotación laboral en los campos de cultivo, existe un avance acaso de 50 por ciento en sus demandas, porque para lograr que se cumplan la ley y los aumentos en el pago de jornada o el precio por destajo, han recurrido a bloqueos carreteros, cierre de ranchos y huelgas.

Aún se ve, aunque en menor medida, asegura la dirigencia del Sindja, a niños que trabajan en campos agrícolas de San Quintín, también las denuncias penales por supuestos delitos sexuales, aunque sin consecuencias jurídicas para los agresores ante la inacción de la Fiscalía General del Estado (FGE); además siguen las anomalías en prestaciones sociales porque a los jornaleros los dan de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y sus bajas inmediatas les impiden la cotización y el servicio médico.

Es común en los campos agrícolas del valle de San Quintín que se burlen las condiciones laborales de los jornaleros mediante el esquema saliendo y pagando, que esconde las irregularidades en la contratación de mano de obra de labriegos en las que participan enganchadores, que se convierten en promotores de empleo y hasta transportistas; los mayordomos y patrones que contratan al día en condiciones de explotación laboral, y con la aceptación de los propios empleados agrícolas que prefieren cobrar en efectivo día a día y por jornal.

Alerta de género, un avance

La directora general del Centro Estatal de Justicia para Mujeres (Cejum) de Baja California, María Magdalena Ramírez Bautista, advirtió que ha habido grandes avances, uno de ellos es la emisión de la alerta de género por violencia contra las mujeres, además de tener un Centro de Justicia en San Quintín, el cual opera desde octubre de 2024 y ha atendido a mil usuarias.

San Quintín tiene grandes rezagos, hay una deuda histórica con las mujeres y la aportación del Cejum es el acercamiento directo con las comunidades y las mujeres, que no sólo llegan a poner denuncias sino a recibir servicios integrales, que hacen la diferencia cuando una mujer busca el acceso a la justicia sola, expuso en entrevista la funcionaria estatal.

Aún falta, en cuanto al cumplimiento de herramientas, prestaciones de ley y capacitación al personal, señaló Magdalena Ramírez. Recordó que en enero anterior se denunció a la empresa W, por su conducta discriminatoria hacia los trabajadores.

A su vez Abelina Ramírez, dirigente del Sindja, advirtió que este 17 de marzo no programaron marchas, pues convocamos a que no vayan a laborar para demostrarle a las empresas lo importante que es la mano de obra. La respuesta que se tenga será difícil de evaluar, pues necesitamos trabajar para obtener dinero pero vamos a seguirle, la lucha no es fácil y nos mantendremos en despertar conciencias.

Fiscalía frena denuncias de víctimas de acoso sexual

La FGE ha detenido las denuncias de mujeres víctimas de acoso, y generado desánimo al grado que se han visto obligadas a recibir lo que les ofrecen las empresas para resarcir daños, porque ellas también requieren dinerito y seguir trabajando, afirmó Ramírez.

En eso no hemos tenidos avances, pero en estos cuatro años hemos contactado y logrado que participen 400 mujeres en la lucha por la defensa de derechos, y nuestra meta es contactar y sumar a otras 300 más. Buscamos que haya más estancias para el cuidado de los niños de madres trabajadoras, pero hay muchos requisitos para abrir algún centro por parte de la comunidad, agregó.

Añadió que en el IMSS se buscó atención y pensiones para adultos mayores, pero sólo se logró que obtuvieran sus recursos del Infonavit y de las Afore.

En entrevista, Ramírez consideró que se debe luchar por los derechos de jornaleras y jornaleros, por eso en el Sindja daremos seguimiento para que reciban lo que la ley les otorga, a los patrones y a las instituciones no se les pide algo ilegal, pero siempre buscan tenerlos como trabajadores eventuales.

De su lado, el secretario del Trabajo estatal, Alejandro Arregui, señaló que se revisan los contratos colectivos firmados con los sindicatos, en particular los que prevén un salario ya integrado de las prestaciones que incluyen el pago del aguinaldo, días festivos, prima vacacional y el reparto de utilidades.

Asimismo canaliza a centros de conciliación asuntos de respeto a las ocho horas laborales, con pago suplementario por horas extras, descanso al séptimo día y en días festivos.