Saltillo, Coah.- Tanto para la el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González; como para el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez; la muerte de Rolando Medina, a manos de un elemento del Grupo de Reacción Torreón, se trata de un homicidio calificado, que podría llegar a responsabilidades a otros niveles porque hubo evidentes fallas en los protocolos.

Se han recogido denuncias de abusos y lesiones durante el desalojo del predio en Nuevo Mieleras, donde la Policía de Torreón actuó por su cuenta.

“ Hay un hecho muy claro que es un asesinato, un homicidio calificado que debe de investigarse y judicializarse para que se aplique la ley. También hay que revisar todo lo que tiene que ver con la seguimiento de los protocolos que corresponden a este tipo de situaciones; porque faltó coordinación entre corporaciones policíacas para poder operar un asunto tan delicado, como era un desalojo de campesinos de un terreno”, comentó Óscar Pimentel.

Destacó que independientemente de los temas legales, se trata de un problema social, por lo que se abordará con un enfoque humano para valorar integralmente la situación.

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Se espera que para la reunión del miércoles, entre las autoridades estatales y municipales, ahora sí se cuente con la participación presencial del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, ya que durante el lunes estuvo fuera de la ciudad, todo el día.

Escalarían responsabilidades

El fiscal Federico Fernández advirtió que se investigan las razones por las que no se atendieron los protocolos oficiales para realizar desalojos de posesionarios, como pedir el apoyo a la Policía Estatal.

“ Evidentemente los protocolos de las fuerzas de seguridad obedecen a evitar temas como estos, a evitar tragedias. Y es evidente que los pasos que se siguieron no fueron los adecuados, no hubiera terminado una tragedia. La persona probable responsable de esto está a disposición de la autoridad, en espera de la audiencia inicial. Pero en la otra parte es, aquí en Coahuila todos somos una fuerza. Entonces todos debemos de actuar homologadamente con criterios y con protocolos”, aseveró.

Por lo pronto, el oficial que disparó está a disposición de la autoridad, con audiencia programada para el jueves, y se actuará conforme a la ley.

En cuanto a la posibilidad que las responsabilidades escalen a los mandos, por haber ordenado el desalojo sin apoyo de otras corporaciones, esa ruta también se indaga.

“ Instalamos siete módulos para la recepción de denuncias. Primero por el tema del homicidio, pero hay otros temas que son lesiones y abusos. Fuimos recopilando algunas declaraciones, y hoy continúa la recepción de denuncias para abrir las carpetas por todos los delitos que de un mismo asunto puedan emanar. La cuestión civil y de los requerimientos judiciales, producto de este desalojo, eso se ve en ya otra instancia”, agregó.

De igual forma, Óscar Pimentel consideró necesario esclarecer las razones por las que se evitó la coordinación, y se procedió de forma violenta en el desalojo.

“ Habrá que revisar todo lo que tiene que ver con el seguimiento de un protocolo que debe de aplicarse y que está establecido. De hecho, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, internacional, existen protocolos que deben de respetarse por las corporaciones policíacas. Y es lo que estamos revisando para determinar en dónde pudo haber existido alguna falta al protocolo y que se pueda arreglar. Y en su caso, proceder también a establecer responsabilidades si eso corresponde”, aseveró.