Boston.- El Gobierno federal dijo que congelará más de 2 mil 200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones de dólares en contratos a la Universidad de Harvard, ya que la institución dijo el lunes que no cumplirá con las demandas de la Administración Trump de limitar el activismo en el campus.

En una carta a Harvard el viernes, la Administración pidió amplias reformas gubernamentales y de liderazgo, un requisito de que Harvard instituya lo que llama políticas de admisión y contratación “basadas en el mérito”, así como que realice una auditoría del cuerpo de estudios, la facultad y el liderazgo sobre sus puntos de vista sobre la diversidad.

Las demandas, que actualizan una carta anterior, también exigen la prohibición de cubrebocas, que aparentemente estaban dirigidas contra manifestantes pro palestinos. También presionan a la universidad para que deje de reconocer o financiar a «cualquier grupo o club estudiantil que apoye o promueva actividades delictivas, violencia ilegal o acoso ilegal».

El presidente de Harvard, Alan Garber, en una carta a la comunidad el lunes, dijo que las demandas violaban los derechos de la Primera Enmienda de la universidad y “exceden los límites legales de la autoridad del gobierno bajo el Título VI”, que prohíbe la discriminación contra los estudiantes en función de su raza, color u origen nacional.

“Ningún Gobierno, independientemente del partido en el poder, debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quiénes pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir”, escribió Garber, y agregó que la universidad había implementado amplias reformas para abordar el antisemitismo.

“Estos fines no se lograrán mediante la imposición de poderes, ajenos a la ley, para controlar la enseñanza y el aprendizaje en Harvard y dictar cómo operamos”, escribió.

“La labor de abordar nuestras deficiencias, cumplir nuestros compromisos y encarnar nuestros valores nos corresponde definirla y emprenderla como comunidad”.

Las exigencias de Harvard forman parte de una estrategia más amplia para usar el dinero de los contribuyentes para presionar a importantes instituciones académicas a que cumplan con la agenda política del Presidente Donald Trump e influyan en las políticas del campus.

La Administración también ha argumentado que las universidades permitieron que lo que consideraba antisemitismo pasara desapercibido en las protestas del campus el año pasado contra la guerra de Israel en Gaza; las universidades lo niegan.