Washington, Estados Unidos.- El gobierno del expresidente Donald Trump ha iniciado una revisión nacional para rastrear el paradero de 450 mil menores migrantes que cruzaron la frontera sin compañía de adultos durante la administración de Joe Biden. El operativo involucra a agencias federales como el FBI, el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

El objetivo declarado por las autoridades es verificar el bienestar de estos niños, muchos de los cuales fueron entregados a patrocinadores adultos —en su mayoría familiares— sin que se realizaran controles rigurosos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos alertan que la iniciativa puede derivar en deportaciones masivas y en la separación de niños de sus familias.

Según el HHS, ya se han recibido más de 65 mil denuncias desde 2023 y unas 450 han sido canalizadas a agentes federales para su seguimiento. En lo que va del operativo, alrededor de 100 menores han sido retirados de sus hogares y devueltos a la custodia federal.

El caso de un hombre que se hizo pasar por hermano de una niña guatemalteca para obtener su custodia —y luego fue condenado por agresión sexual— ha sido usado como ejemplo por las autoridades para justificar el endurecimiento de las reglas de patrocinio. Ahora se exige a los adultos huellas dactilares, pruebas de ADN y verificación de ingresos.

No obstante, defensores de migrantes como Mary Miller Flowers, del Young Center for Immigrant Children’s Rights, advierten que estas medidas revictimizan a los menores y ponen en riesgo a familias legítimas, muchas de ellas conformadas por padres o parientes indocumentados.

Han surgido reportes de visitas armadas a hogares de patrocinadores, incluso en Hawái, Virginia y Nebraska, donde agentes con equipo táctico han interrogado a menores y a sus familiares.

Aunque el FBI ha defendido la operación como parte de su “misión crítica” de proteger a los niños, abogados y activistas cuestionan que la intimidación policial pueda desalentar denuncias de abusos o maltratos.

La administración de Trump también ha recortado recursos legales para los menores migrantes y ha establecido nuevas reglas que podrían entorpecer la entrega de niños a patrocinadores, dejando a muchos bajo custodia indefinida en refugios privados.