San Salvador.— La abogada Ruth Eleonora López, reconocida por su labor en la defensa de los derechos humanos y por sus denuncias de corrupción en el gobierno de Nayib Bukele, fue arrestada este lunes a solicitud de la Fiscalía General de El Salvador, según informó la organización Cristosal, donde trabaja como directora de la unidad de Justicia y Anticorrupción.

Las autoridades la acusan de haber participado en un presunto caso de peculado mientras fue asesora del expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, también detenido y procesado por enriquecimiento ilícito. La fiscalía señaló en su cuenta de X que López habría colaborado en el desvío de fondos públicos.

La detención ocurre en un contexto de creciente preocupación internacional. Trece organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch y WOLA, exigieron su liberación inmediata, denunciando que su arresto forma parte de un patrón de represión y hostigamiento contra voces críticas.

“ Exigimos su libertad y que se respeten sus derechos básicos”, subrayaron las ONG en un comunicado conjunto, en el que advirtieron sobre el deterioro del Estado de derecho en El Salvador.

La madre de la abogada, Eleonora Alfaro, también responsabilizó directamente al presidente Bukele por la detención y exigió su liberación. Hasta el momento, ni la familia ni su equipo legal han logrado confirmar el paradero de López.

Cristosal ha sido una de las organizaciones más activas en documentar casos de abusos contra migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos y encarcelados en una megacárcel de máxima seguridad. También habilitó una herramienta digital para que familiares reporten el estado de sus seres queridos. De acuerdo con sus datos, el 78% de los migrantes buscaba mejores condiciones de vida, mientras que otros huían de la violencia o la persecución política.

El arresto de López se produjo dos días después de que el bufete Grupo Ortega, que representa legalmente a estos migrantes, denunciara que sus clientes están siendo víctimas de torturas físicas y psicológicas.

En paralelo, el comisionado de derechos humanos del gobierno, el colombiano Andrés Guzmán, presentó su renuncia, sin explicar los motivos, aunque destacó los logros de Bukele en materia de seguridad.

En las últimas semanas también fueron detenidos el abogado Alejandro Henríquez, el pastor José Pérez y el activista Fidel Zavala, todos involucrados en protestas o trabajo comunitario, lo que ha sido señalado por diversas organizaciones como una señal de criminalización de la protesta social.

Finalmente, Cristosal denunció que en abril policías ingresaron a su sede durante una conferencia de prensa, grabando las instalaciones y vehículos del personal. La ONG considera que este tipo de acciones se dan en un “clima de autoritarismo y cierre de espacios democráticos”.

Hasta el momento, el gobierno salvadoreño no ha emitido ninguna declaración sobre la detención de López ni sobre la salida del comisionado Guzmán.