Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, repudió este martes la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. que dio luz verde al mandatario de ese país, Donald Trump, para revocar un programa que concede un estatus legal temporal a más de 300.000 migrantes venezolanos en territorio estadounidense, hecho que el líder chavista tachó de “delito”.

“Rechazo y repudio el intento criminal de quitarle el TPS (Estatus de Protección Temporal) a los migrantes”, dijo en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El líder del chavismo acusó al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; a la congresista republicana María Elvira Salazar y a lo que considera “toda la mafia de Miami” de pedir la revocación para los venezolanos del TPS, un programa que protege de la deportación y da permisos de trabajo a las personas de países que están atravesando situaciones humanitarias graves o desastres naturales.

“Migrar no es delito, quitar el TPS sí es delito, porque es un derecho que ellos tienen, migrar es una necesidad humana”, expresó Maduro, quien considera que los venezolanos en EE.UU. “se fueron con el sueño americano y terminaron en la tragedia americana”.

Según el gobernante, el TPS “era una protección mínima que tenían” los venezolanos y que fue otorgada “para atraer migrantes” del país suramericano a Estados Unidos, donde, dijo, a unos les fue “muy mal y a otros les fue mal”.

Asimismo, llamó a hacer “grande” a Venezuela para “que todos esos migrantes que tuvieron que irse por la guerra económica y por la guerra también de las redes sociales, que les hicieron creer que iban para el paraíso”, retornen “más temprano que tarde” a una nación “recuperada, próspera y fuerte” y que “más nunca migre nadie en este país“.

Este lunes, el Tribunal Supremo estadounidense permitió la medida al Gobierno de Trump, que había argumentado que el TPS para Venezuela va en contra del “interés nacional” de EE.UU. y que la Justicia no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria “urgentes”.

Los abogados del Ejecutivo habían solicitado a la máxima instancia judicial anular una orden de un juez en menor instancia en California en contra de la decisión de acabar con el programa para los migrantes del país suramericano.

El litigio del caso está previsto que continúe ahora en cortes inferiores.