Ciudad de México.- La frontera entre México y Estados Unidos se ha convertido en una de las zonas más disputadas por los cárteles del narcotráfico. Lejos de ser solo un punto de cruce migratorio, este territorio es hoy una pieza clave en las operaciones del crimen organizado, que controla rutas, impone cuotas y define el flujo de personas y mercancías ilegales.

Desde Baja California hasta Tamaulipas, las organizaciones criminales han tejido redes. Su control no se limita al tráfico de drogas, abarca también el contrabando de armas de fuego y el tráfico de migrantes, principalmente.

El control territorial: zonas clave en manos del narco

Aunque la Administración de Control de Drogas (DEA) señaló en 2024 que los cárteles de drogas no han podido controlar ningún cruce fronterizo entre ambos países, a lo largo de los más de tres mil 100 kilómetros de frontera han identificado zonas estratégicas para sus operaciones.

Regiones como Tamaulipas, Sonora y Baja California concentran algunos de los corredores más disputados por los grupos criminales. En estos estados, la lucha por el control del territorio ha generado enfrentamientos armados, desplazamiento de poblaciones y una escalada constante en los niveles de violencia.

Por ejemplo, en entidades como Sonora y Chihuahua operan células del Cártel de Sinaloa y del Cártel de Caborca, en una guerra por el acceso directo a los pasos hacia el norte.

La disputa no se limita a las zonas rurales. Ciudades como Nuevo Laredo, Ciudad Juárez o Tijuana son centros neurálgicos de la logística criminal, donde el tráfico de drogas, armas y personas es parte de un sistema complejo que opera a ambos lados de la frontera.

En la Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2024, la DEA señaló que el Cártel de Sinaloa ejercía un control casi total sobre la región fronteriza al sur de Arizona, lo que le permite el acceso a los puntos de entrada de San Luis Río Colorado y Nogales, en Sonora.

La organización criminal lidera por Los Chapitos y La Mayiza también tiene presencia en entidades fronterizas de California y, por lo tanto, en la garita de San Ysidro y Otay Mesa.

Lo mismo ocurre en el Puente Ysleta-Zaragoza, un cruce internacional sobre el Río Grande que conecta a El Paso, Texas, con Ciudad Juárez, Chihuahua.

Actividades en la frontera: predomina tráfico de migrantes

Aunque históricamente el narcotráfico ha sido la actividad más visible de los cárteles en la frontera, en los últimos años el negocio del tráfico de migrantes ha ganado terreno como una de sus principales fuentes de ingresos.

Los grupos criminales han convertido el paso de personas en una industria paralela, controlando rutas, imponiendo tarifas y usando la necesidad humana como mercancía.

Pero el control de los flujos migratorios no es solo una cuestión económica, sino también estratégica. A través del cruce ilegal de migrantes, los cárteles monitorean la presencia de autoridades, identifican rutas seguras y aprovechan los movimientos masivos como distracción para transportar drogas, armas o dinero en paralelo.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) define al tráfico de migrantes como:

“ La facilitación del cruce ilegal de fronteras o de la residencia ilegal con el objeto de obtener un beneficio financiero u otro material”.

El organismo advierte que los migrantes objeto de tráfico son vulnerables a la explotación y el abuso, por lo que sus vidas y su seguridad muchas veces corren peligro.

“Se pueden asfixiar en el interior de contenedores, perecer en el desierto o ahogarse en el mar mientras son conducidos por contrabandistas“.
Los cárteles detrás del tráfico de migrantes

En su más reciente informe, la DEA advierte que el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Noreste (CDN) participan significativamente en el tráfico de migrantes.

Lo mismo ocurre con el Cártel del Golfo (CDG):

“El CDG transporta migrantes y cargamentos (de drogas) al sur de Texas. Genera importantes ingresos de sus operaciones a través del tráfico de migrantes, lo que aumenta sus ganancias ilícitas”.

Respecto al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la DEA descarta que participe en el cruce ilegal de personas, pero contribuye al problema a través de la imposición de tarifas de grupos menores o personas que buscan llegar por su propia cuenta.