Lima.- El Poder Judicial de Perú impuso 24 meses de prisión preventiva a la abogada Liliana Pizán Chirado por sus vínculos con Miguel Rodríguez Díaz, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de 13 trabajadores de una mina en la provincia de Pataz, en el norte peruano, según informó este sábado.

Pizán es investigada por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, dado que aparentemente ayudó a huir a Rodríguez, conocido por el alias de ‘Cuchillo’, después del homicidio de los trabajadores de la mina Poderosa.

A su vez, Rodríguez Díaz ha recibido 36 meses de prisión preventiva de la Justicia peruana, después de haber sido detenido la semana pasada en Colombia, a donde se fugó tras el secuestro y asesinato de los trabajadores.

La decisión fue tomada por la Corte de la región norteña de La Libertad, donde se encuentra Pataz, contra Miguel Antonio Rodríguez Díaz, quien es investigado por la presunta comisión de los delitos de sicariato, homicidio calificado, organización criminal y lavado de activos.

El Poder Judicial confirmó en la red social X que Rodríguez Díaz:

“Es investigado por el secuestro y posterior asesinato de 13 trabajadores mineros, hecho ocurrido en la localidad de Pataz”.

Los cuerpos de los trabajadores mineros fueron encontrados el pasado 4 de mayo, tras haber sido secuestrados días antes por presuntos miembros de una organización criminal que actúa en alianza con la minería ilegal, que extrae oro en la zona.

Rodríguez Díaz fue detenido el 15 de mayo en la ciudad colombiana de Medellín, donde se encontraba desde que ingresó al país diez días antes, tras salir legalmente de Perú, ya que no contaba en ese momento con una orden judicial de requisitoria ni un impedimento para viajar.

La policía colombiana detalló que, según la investigación, el acusado ingresó en 2014 a la banda criminal ‘Los Chuckys’, conocida así por usar máscaras del “muñeco diabólico” para cometer robos violentos, y que en 2023 ya estuvo implicado en el asesinato de 10 mineros durante un ataque con explosivos en Pataz.

En 2024 se lo vinculó como cabecilla del brazo armado de la organización criminal ‘La Gran Alianza‘, que buscaba el control de la minería ilegal en Pataz.

A raíz del asesinato de los 13 trabajadores mineros en esa provincia, declarada en emergencia hace más de un año por el incremento de la criminalidad, el Gobierno peruano decidió que el control de la zona sea tomado por las Fuerzas Armadas y que se cumpla un toque diario de 6 de la tarde a 6 de la mañana.

Las autoridades peruanas han señalado que están a la espera de la decisión que tome el Gobierno colombiano sobre el detenido, que puede ser expulsado directamente hacia Perú o, en su defecto, tendrá que ser sometido a un proceso de extradición.

La masacre en Pataz generó gran consternación y críticas hacia el Ejecutivo peruano, al punto que el entonces primer ministro Gustavo Adrianzén renunció al cargo un día antes de que el pleno del Congreso debatiera cuatro mociones de censura que se habían presentado por la incapacidad para enfrentar el avance del crimen organizado en el país.