Ciudad de México.- Una juez federal dejó sin efecto la suspensión definitiva que protegía a Silvano Aureoles de ser capturado, por lo que ahora la FGR ya no tiene impedimento para ejecutarle la orden de aprehensión por un supuesto daño al erario de 3 mil 412 millones de pesos.

A solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), Jovita Vargas Alarcón, juez noveno de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, retiró la suspensión concedida al ex Gobernador de Michoacán porque no cumplió con las condiciones que le impuso para mantener vigente esa protección judicial.

Es decir, Aureoles no se presentó en un plazo de cinco días a la audiencia inicial para ser imputado ante una juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, y tampoco pagó la garantía de un millón de pesos establecida en la suspensión definitiva.

“ Se deja sin efectos suspensión definitiva Se advierte que el quejoso Silvano Aureoles Conejo no cumplió las medidas de aseguramiento decretadas en la resolución interlocutoria de 14 de mayo de 2025, pues no exhibió la garantía económica establecida ni acreditó hacer comparecido de manera personal ante la Juez responsable que se encuentra a cargo de la causa penal, a efecto de que surtiera efectos la suspensión definitiva que se le concedió”, dice el acuerdo de Vargas Alarcón.

“ Comuníquese a las autoridades responsables que dejó de surtir efectos la suspensión definitiva, por lo que podrán ejecutar el acto reclamado”.

La juzgadora precisa que, pese al retiro de la suspensión, mientras la FGR no le ejecute la orden de aprehensión, si Aureoles paga la garantía y se presenta a la audiencia de imputación ante la juez de control, la suspensión definitiva volverá a tener efectos.

No obstante que se ha reactivado la orden de captura, la juez de control Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, ya giró un citatorio al ex Gobernador de Michoacán para que comparezca a la audiencia de imputación el próximo 20 de agosto.

Sánchez es quien el pasado 27 de febrero ordenó de aprehensión de Aureoles y siete de sus colaboradores por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero.

La FGR les imputa participar de 2016 a 2017 en la presunta contratación ilegal del desarrollo, arrendamiento y adquisición de siete cuarteles de seguridad pública por un monto total de 3 mil 412 millones 165 mil 310 pesos.

Las estaciones de la Policía se desarrollaron en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, y los contratos fueron adjudicados en forma directa a la empresa Inmobiliaria DyF.