Una nueva propuesta del Gobierno norteamericano ha encendido el debate y las alertas: imponer un impuesto a las remesas que los migrantes mexicanos envían desde Estados Unidos a México. La sola idea de gravar el esfuerzo de quienes han dejado su tierra en busca de un futuro mejor resulta no sólo económicamente riesgosa, sino moralmente reprobable.

En 2024, las remesas alcanzaron un récord histórico de cerca de 65 mil millones de dólares, superando por aproximadamente el doble a la Inversión Extranjera Directa, a los ingresos por turismo y a las exportaciones petroleras. Más de 5 millones de hogares mexicanos, esos ubicados en regiones de mayor necesidad, son los receptores de las transferencias: algo así como 20 millones de mexicanas y mexicanos.

Las remesas son más que cifras: son el sustento de millones de familias, el pago de útiles escolares de una niña, la medicina de un abuelo o el capital para un pequeño negocio de un joven. En México, las remesas representan 3.4% de la actividad económica, pero en estados como Michoacán, Zacatecas o Guerrero, equivalen a casi 15% del PIB local.

Imponer un impuesto es castigar doblemente al migrante: por irse, por arriesgar, por trabajar y ahora, también por enviar. Además de injusto, implicaría una doble tributación, pues el trabajador ya paga impuestos en Estados Unidos sobre sus ingresos, y ahora se pretende gravar lo que entrega con sacrificio a su familia.

La medida podría provocar pobreza en comunidades enteras, afectando el consumo, la estabilidad y la cohesión social. Y paradójicamente, de concretarse la medida, a Estados Unidos le resultaría contraproducente: más pobreza en México implicaría más migración hacia su territorio.

Además, la lógica supondría que al implementarse el gravamen los migrantes buscarían formas alternas e informales para enviar las remesas, incrementando el descontrol y fomentando el lavado de dinero.

El Gobierno federal ha negociado una reducción del 30% al impuesto propuesto, bajando la tasa de 5 al 3.5 por ciento. Buen avance, debemos seguir por esa línea, porque el problema no es sólo la cantidad, sino el principio. Gravar la solidaridad es un error ético y estratégico.

Las remesas no deben convertirse en moneda de cambio política. Son el corazón de millones de hogares. Y si se ataca el corazón de México, todos perdemos.