Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aclaró hoy que podría reanudar la demanda contra la familia Weinberg, socios del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, si el acuerdo con ellos para poner fin al caso no logra concretarse.

La UIF agregó que dicho acuerdo no pudo suscribirse antes del 23 de mayo, que era la fecha límite fijada por una jueza de Miami.

No obstante, REFORMA informó este martes que abogados de la UIF y de los Weinberg pidieron a la jueza desechar la demanda iniciada por México en septiembre de 2021, en un escrito del viernes pasado en el que afirmaron que, desde el 19 de febrero, habían logrado un convenio que para completarse, requiere diligencias judiciales en el País.

“Las partes solicitaron a la Jueza Lisa Walsh la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio, conforme a la cual, una vez que se resuelva la viabilidad del acuerdo será sometido a su jurisdicción para que lo haga cumplir y dicte la sentencia correspondiente; o bien, de no concretarse el acuerdo y dentro de un término de 30 días, el Estado Mexicano podrá presentar nuevamente la demanda ante el mismo tribunal para seguir el curso procesal del juicio hasta sentencia”, explicó la UIF.

El acuerdo requiere la comparecencia de los Weinberg ante un juez federal de Almoloya de Juárez para oficializar un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República, por el cual serán testigos colaboradores y se cancelarán los cargos penales en su contra, a cambio del pago de una reparación del daño al Gobierno mexicano.

Esa audiencia se iba a celebrar ayer, pero fue aplazada para el próximo lunes, y no está claro si en los últimos dos días surgieron nuevos elementos que ponen en duda la viabilidad de lo que ya parecía un convenio acordado entre las partes.

“Aún y cuando las partes han avanzado sustancialmente para concretar el acuerdo que permitirá al Estado Mexicano profundizar el conocimiento de la trama de corrupción investigada, además de la recuperación de bienes derivados de ésta, el mismo no pudo suscribirse antes de la fecha límite señalada”, expuso hoy por la tarde la UIF en un comunicado.

La demanda busca recuperar hasta 600 millones de dólares de contratos supuestamente ilegales adjudicados a empresas de los Weinberg y otros socios, principalmente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.