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| Sofía y sus padres ingresaron a territorio estadounidense en julio de 2023 bajo un permiso humanitario de emergencia.

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Congresistas piden frenar deportación de niña mexicana con enfermedad terminal en EU

  Por Lorena Farías

Publicado el jueves, 29 de mayo del 2025 a las 20:55


Legisladores demócratas urgen al DHS mantener el estatus legal de Sofía, de 4 años, cuya vida depende de un tratamiento que no puede recibir en México

Washington, Estados Unidos.-  Un grupo de 38 legisladores demócratas solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que reconsidere la revocación del estatus legal de Sofía, una niña mexicana de cuatro años que padece síndrome de intestino corto, una enfermedad grave que le impide absorber nutrientes de manera adecuada y cuya atención médica solo ha sido posible en Estados Unidos.

Sofía y sus padres ingresaron a territorio estadounidense en julio de 2023 bajo un permiso humanitario de emergencia, lo que permitió que la menor fuera atendida en el Hospital Infantil de Los Ángeles, uno de los pocos centros especializados en esta condición. Sin embargo, en abril de este año, el DHS les notificó que el permiso había sido cancelado y que debían abandonar el país.

Los legisladores, encabezados por los senadores por California Alex Padilla y Adam Smith, advirtieron en una carta enviada a la secretaria del DHS, Kristin Noem, que la vida de Sofía corre peligro si se le niega el tratamiento. Médicos del hospital afirman que podría morir en cuestión de días si no continúa con la atención especializada.

La organización Public Counsel, que representa legalmente a la familia, aseguró que las posibilidades de recibir el mismo tratamiento en México son prácticamente nulas. Además, se informó que el permiso de trabajo de la madre, Deysi Vargas, también fue cancelado, dejándolos sin medios para costear traslados y atención médica.

“ Negarle el acceso al tratamiento que la mantiene con vida y enviarla de regreso a un lugar donde podría morir en días es una traición a nuestros valores humanitarios”, declaró Rebecca Brown, abogada de Public Counsel.

Los congresistas instaron al gobierno federal a emitir una respuesta inmediata y a extender el estatus legal de la familia, que actualmente vive en Bakersfield, California.

 

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