“México vivirá este domingo una jornada electoral sin precedentes: por primera vez, la ciudadanía elegirá directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación”, escribe el periodista Gerardo Moyano (Espacio 4, 771). La elección, apunta, “es el resultado de una Reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Los cambios buscan combatir la corrupción, el nepotismo y la impunidad que han caracterizado al sistema judicial mexicano por décadas. Sin embargo, también han generado críticas por los riesgos que implica para la independencia judicial y la calidad de la justicia.

“Los promotores de la Reforma argumentan que la elección popular de jueces permitirá sanear al aparato de justicia y acercarlo a la ciudadanía. En palabras de la Presidenta: ‘Es la única manera de sanear al Poder Judicial, que la gente decida’. Pero el proceso ha despertado resistencias abiertas por parte de sectores como la Coparmex, y políticos. La presidenta Sheinbaum pide acudir a las urnas y denuncia que estos llamados forman parte de una campaña sistemática promovida por quienes ‘se beneficiaron durante años de un sistema de justicia que nunca se tocaba’. Según la Mandataria, la ciudadanía responderá con votos a una estrategia que busca preservar privilegios.

“Entre otros aspectos fundamentales, el proyecto contempla la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, independiente de la SCJN, encargado de investigar y sancionar irregularidades dentro del sistema judicial. Sin embargo, los detractores advierten que la elección popular de jueces podría politizar al Poder Judicial y comprometer su independencia. Incluso organizaciones internacionales, como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), han calificado los cambios como un retroceso para los derechos humanos, advirtiendo que podrían debilitar el estado de derecho y la imparcialidad judicial.

“Entre otros señalamientos, destacan los relacionados con las deficiencias en la implementación de la Reforma, la improvisación legislativa, las boletas mal diseñadas y problemas con la elegibilidad de candidatos. La polarización y desconfianza en el sistema de elección seguramente tendrá impacto en la participación electoral, la cual podría situarse entre el 8% y el 18%, según cálculos de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei. No obstante, la Reforma representa un intento audaz por transformar un sistema profundamente cuestionado. Y aunque su implementación apresurada ha generado preocupación, es innegable la necesidad de reformar un aparato plagado de corrupción y nepotismo.

“Uno de los cambios más significativos de la Reforma Judicial, aprobada en septiembre de 2024, es la implementación de la elección popular para jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Desde el punto de vista de sus promotores y muchos sectores de la sociedad, esto no sólo rompe con el carácter cerrado, elitista y autorreferencial del sistema judicial mexicano, sino que acerca la justicia a la ciudadanía, dándole un sentido de corresponsabilidad. Tradicionalmente, los nombramientos judiciales han estado marcados por el amiguismo, el favoritismo y el control de ciertos grupos dentro del Poder Judicial. La elección por voto popular pretende debilitar estas redes de poder internas y dar paso a nuevos perfiles, más representativos y diversos”.