Hablar sobre retos y oportunidades del Derecho Turístico para las nuevas generaciones de juristas en México, puede ser visto como un tema periférico en el mundo jurídico, pero es una agenda llena de posibilidades, desafíos y relevancia creciente. México, con su diversidad natural, cultural, histórica y gastronómica es, sin duda, un estado rico en el mundo: Playas, desiertos, zonas arqueológicas, selvas y pueblos mágicos que conservan tradiciones centenarias hacen de México un mosaico turístico sin comparación.

Detrás de cada experiencia turística hay relaciones jurídicas complejas: derechos de uso de suelo, contratos de servicios, protección del consumidor, legislación ambiental, zonas protegidas, normas migratorias, seguridad pública y un entramado de responsabilidades civiles, administrativas y penales. El Derecho Turístico sigue siendo un gran desconocido en muchas aulas, un campo ausente en la formación profesional de generaciones de estudiantes de Derecho, que podrían potencializarlo rumbo a un camino profesional innovador, interdisciplinario y de impacto social.

En el municipio libre de La Paz, en Baja California, se realizó la última semana de mayo el Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica A.C. (Anfade), que preside el reconocido jurista Máximo Carvajal Contreras, para hacer de este importante tema, el contenido de los acuerdos universitarios 2025, para las instituciones afiliadas a la Asociación. Debatir sobre el Derecho Turístico es construir oportunidades porque cuando el turismo se regula con justicia, puede transformar economías locales, revitalizar identidades comunitarias, conservar el medio ambiente y construir paz.

El Derecho Turístico no sólo se estudia, se vive; se ejerce en las calles de un pueblo mágico, en un aeropuerto, en una zona ecológica, en una cabaña en la sierra, o en una agencia de viajes. En todos los espacios se necesitan abogados y abogadas que sepan más que litigar: que sepan mediar, regular, asesorar, prevenir y proteger. Las universidades deben formar estudiantes preparados, informados y comprometidos con esa visión para lograr una agencia de transformación social.

México ocupa sistemáticamente los primeros lugares a nivel mundial en recepción de turistas. En los últimos años, incluso en contextos de crisis global, ha logrado mantenerse dentro del top de los destinos más visitados del mundo. Esto no es casualidad, es resultado de una combinación entre patrimonio natural, riqueza histórica, diversidad cultural y calidez de hospitalidad. Más del 8% del Producto Interno Bruto nacional proviene del turismo; sin embargo, el turismo no es sólo una fuente de riqueza, es una fuente de identidad, de cohesión comunitaria y de proyección cultural. Se necesita proteger al turista, pero también al prestador de servicios, al trabajador, al ecosistema, al patrimonio intangible, a la comunidad originaria, al comerciante local y al Estado, que muchas veces opera sin normas jurídicas claras.

El turismo necesita un Derecho especializado, sensible, moderno, con perspectiva local y con enfoque de derechos humanos. Necesita juristas que lo entiendan, que lo ejerzan y que transformen.

El reto es claro: si el turismo es una de las principales actividades económicas, ¿por qué no lo es también en la formación jurídica? ¿Por qué no hay más estudiantes de Derecho abordando esta realidad y participando en ella para fortalecer este sector? Sin duda, el Derecho Turístico es una prioridad estratégica para construir un país más justo, más ordenado, más inclusivo; defendiendo el patrimonio, impulsando la cultura y creando futuro.