Ciudad de México.- Marco Rubio, secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump, ha solicitado en al menos tres ocasiones al Gobierno de Claudia Sheinbaum que investigue, sancione y, en algunos casos, extradite a Estados Unidos a políticos vinculados con la delincuencia organizada, incluyendo a cinco figuras de alto nivel de Morena, como la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, según publicó la agencia Reuters.

De acuerdo con un reportaje difundido ayer, y basado en testimonios de funcionarios estadunidenses –las agencias del Gobierno mexicano no dieron comentarios a Reuters–, “cinco funcionarios actuales de Morena y un exsenador fueron mencionados”, pero precisó que no pudo comprobar si el Gobierno de Trump entregó al de Sheinbaum una lista de políticos presuntamente vinculados con grupos criminales, como se rumoreó en semanas recientes y fue desmentido por la Embajada de Estados Unidos en México.

Según Reuters, Rubio amagó con tomar acciones contra integrantes del actual Gobierno federal o contra cuadros de Morena, o con incrementar las tarifas aduanales, para presionar a su contraparte mexicana y obligarla a colaborar. 

El secretario de Estado externó la solicitud en reuniones bilaterales y en conversaciones con funcionarios mexicanos, incluyendo con el canciller Juan Ramón de la Fuente, el 27 de febrero, con la intención de “empujar al Gobierno de Claudia Sheinbaum a investigar a servidores públicos electos y en función, y lanzar un operativo sin precedente contra la narcocorrupción”. 

De acuerdo con un memorándum al que tuvo acceso Grupo Reforma, emitido por el Fiscal General Adjunto, Todd Blanche, al momento de aplicar la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), los fiscales deberán valorar si están implicados grupos del crimen organizado.

Las investigaciones, señaló, no solo podrán enfocarse en los funcionarios públicos que recibieron los sobornos, sino también en aquellas empresas que sirvieron para blanquear los recursos ilícitos.

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