Miami, Florida.-  A pesar de las enérgicas protestas ciudadanas, la ciudad de Miami, que ostenta la mayor proporción de extranjeros en Estados Unidos, aprobó este martes un controvertido acuerdo que facultará a su Departamento de Policía para colaborar directamente con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la detención de migrantes indocumentados.

Los comisionados de Miami avalaron por tres votos contra dos el llamado “acuerdo 287(g)”, el cual permitirá que la policía local detenga a inmigrantes para su posterior deportación por parte de ICE. La decisión ha generado una profunda preocupación, dado que el condado de Miami-Dade es el único en todo el país donde más de la mitad de su población (aproximadamente el 54%) es nacida en el extranjero, según datos de la organización USAFacts.

Dariel Gómez, organizador de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), destacó que el 70% de los residentes de Miami-Dade se identifican como hispanos o latinos.

“Estamos aquí para mandar un mensaje claro y urgente, convertir a la policía local en agentes de inmigración bajo el acuerdo 287(g) es peligroso para Miami. Miami es una ciudad construida por inmigrantes”, declaró Gómez.

Decenas de manifestantes se congregaron antes y durante la votación frente al Ayuntamiento, portando pancartas con lemas en español como “El pueblo unido defenderá a las familias migrantes” y “Las familias merecen estar juntas”. Otras pancartas en inglés comparaban a ICE con la “Gestapo” (la policía secreta de la Alemania nazi) y exigían “detengan los secuestros” y “paren las detenciones inhumanas y la deportación”.

La decisión de Miami se enmarca en la línea de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, lideradas en Florida por el gobernador republicano Ron DeSantis. Este último ha impulsado leyes que obligan a las autoridades de los 67 condados del estado a cooperar con ICE mediante los acuerdos 287(g).

Además, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la semana pasada que el estado es el primero en contar con un oficial de enlace de ICE, buscando “fortalecer la aplicación de la ley migratoria” y establecer una “línea directa de comunicación” entre el Servicio de Inmigración federal y las autoridades estatales y locales.

El jefe de la Policía de Miami, Manny Morales, argumentó en la asamblea que la ley estatal los obligaba a suscribir el acuerdo con ICE para evitar la pérdida de recursos estatales. Sin embargo, Will Mann, asociado legal del Community Justice Project, calificó los acuerdos 287(g) como “peligrosos, discriminatorios y caros”, y sostuvo que las ciudades no están obligadas a firmarlos. “Cuando convertimos a la policía local en agentes federales de inmigración, eso significa que ellos hacen suposiciones del estatus inmigratorio de alguien con base en su apariencia, su color de piel, su idioma, y cuando hacen eso están violando los derechos civiles, y sabemos que eso está pasando en todo el país”, expuso Mann.

Organizaciones civiles también han denunciado un acuerdo adicional de ICE con las cárceles del condado de Miami-Dade, donde hay más de 430 migrantes detenidos, temiendo que esto podría agravar las condiciones de detención. El condado ha aplazado hasta el 26 de junio la votación de este segundo acuerdo, que permitiría a ICE pagar 50 dólares para aprehender a un migrante por 48 horas en una prisión local y otorgaría a la agencia “acceso razonable a todos los detenidos” con “discreción” sobre la información a compartir.