Texas.- Una Corte del Estado de Texas desestimó una denuncia presentada por Javier Corral contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, relacionada con la presunta compra de más de 50 propiedades en Estados Unidos con fondos públicos destinados a medicamentos para niños con cáncer.

Según un comunicado emitido por los abogados de Duarte, la denuncia incluía acusaciones de lavado de dinero, asociación delictuosa, desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, tras cinco años de investigaciones realizadas por el FBI, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de EE. UU., no se encontró evidencia que sustentara los señalamientos. Como resultado, la Corte emitió una sentencia sumaria a favor de Duarte en la causa penal 2020 DCV0628, lo que implica que no se celebrará juicio alguno.

Otras investigaciones contra César Duarte

A pesar del fallo en Texas, Duarte enfrenta denuncias activas en México. En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que el exmandatario recibió transferencias de empresas fantasma y prestanombres, lo que llevó a la presentación de dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Las investigaciones indican que Duarte habría utilizado a un testaferro para desviar recursos públicos, canalizándolos a una red de empresas fachada y cuentas personales. Además, la UIF rastreó los movimientos financieros del exgobernador desde 2010, observando que sus adquisiciones no correspondían con sus ingresos reportados ni con sus declaraciones fiscales.

Cabe señalar que en 2019, la Secretaría de Relaciones Exteriores detectó fallas en la solicitud de extradición de Duarte, lo que retrasó el proceso. Posteriormente, se reinició con apoyo de la UIF.

¿Qué es el enriquecimiento ilícito?

La Secretaría de la Función Pública (SFP) define el enriquecimiento ilícito como el incremento injustificado del patrimonio de un servidor público, cuando no puede acreditar el origen legal de sus bienes o los de sus familiares directos adquiridos durante el ejercicio de su cargo.

De acuerdo con el Código Penal Federal, este delito puede ser sancionado con penas de 3 meses a 14 años de prisión, así como multas que van de 30 a 150 días, dependiendo de la gravedad del caso.