Ciudad de México.— El Senado de la República aprobó reformas a la Ley General de Desaparición Forzada y a la Ley General de Población, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas mediante el uso de tecnología, coordinación institucional y enfoque de derechos humanos.

Una de las modificaciones más relevantes es la creación de una CURP biométrica, que integrará huellas dactilares y fotografía como parte de una Plataforma Única de Identidad. Esta herramienta permitirá el acceso en tiempo real a diversas bases de datos para facilitar la localización de personas no identificadas.

La reforma contempla además el establecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, donde se deberán registrar los resultados de pruebas genéticas y dactiloscópicas realizadas a cuerpos no identificados, antes de ser enviados a fosas comunes. El objetivo es generar una base nacional interconectada que articule a fiscalías, instancias de seguridad y servicios forenses.

El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobado con respaldo de Morena, PT, PVEM, PAN y Movimiento Ciudadano, mientras que el PRI votó en contra de ambas reformas.

Aunque se reconocen avances para enfrentar la crisis de desapariciones —con más de 31 mil casos en 2024 y 5 mil 225 más en los primeros cuatro meses de 2025—, senadores de oposición advirtieron sobre los riesgos en el manejo de datos personales. Entre las preocupaciones se encuentra la falta de mecanismos claros de custodia y el uso político que podría darse a la información de 130 millones de personas.

La senadora Imelda Sanmiguel, del PAN, calificó la CURP biométrica como un “dardo envenenado”, al advertir que podría utilizarse para vigilar e intimidar a la ciudadanía. Por su parte, Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, señaló que la inseguridad estructural del país no garantiza una gestión segura de estos datos, especialmente en lo que respecta a niñas, niños y adolescentes, quienes también serán incluidos en este padrón.

Desde el PRI, Karla Toledo acusó que la reforma no fortalece la búsqueda real ni otorga recursos suficientes a las comisiones especializadas, y denunció que el diseño legal busca más control ciudadano que justicia.

En contraste, el senador Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, defendió la medida al asegurar que responde a compromisos internacionales, y que el Estado tiene la obligación de actuar frente a la incertidumbre de miles de familias que buscan a sus seres queridos.

Con esta reforma, también se implementarán fichas de búsqueda estandarizadas, una base nacional de carpetas de investigación, y se reforzarán unidades de búsqueda cibernética y de atención a víctimas. Además, se obligará a autoridades y particulares que manejan bases de datos biométricos a dar acceso a fiscalías y cuerpos de seguridad.

La minuta ha sido turnada a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.