Ciudad de México.- México es ubicado en zona de “riesgo alto” en el Índice Global de Tortura (IGT) 2025.

Elaborado por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) el IGT evalúa la situación en 26 países a partir de información oficial y de organizaciones civiles.

En la ficha técnica sobre México, señala que, de acuerdo con información de la Secretaría Técnica de Combate de la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública, fueron denunciados 2 mil 881 casos de tortura entre 2019 y 2024, con 3 mil 506 víctimas.

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La tortura en México es una práctica generalizada que ocurre en un contexto de impunidad, y que, sustituyendo al debido proceso, ha sido utilizada, entre otros fines, como método de investigación, obtención de confesiones y fabricación de culpables”, advierte.

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Además, ciertas figuras jurídicas e instituciones han favorecido la incidencia de este fenómeno, incluyendo las detenciones arbitrarias, el arraigo, la prisión preventiva oficiosa, y la falta de voluntad y capacidad del Estado para investigar y enjuiciar a los responsables”.

A pesar que México cuenta con una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la tortura, señala, mantiene en su Constitución figuras contrarias con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como las de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.

La evaluación del IGT 2025 ubica a México en la categoría de riesgo muy alto en el subíndice de “tortura durante la privación de libertad”, de riesgo alto en los de “brutalidad policial y violencia institucional”, “impunidad”, “protección a todos los grupos” y “defensa de los derechos humanos y espacio cívico”, y de riesgo considerable en los de “compromiso político” y “derechos de las víctimas”.

En tanto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a los poderes judiciales a comprometerse de manera efectiva con la erradicación de la tortura y la dignificación de las víctimas.

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En un contexto de renovación de los poderes judiciales en México, la ONU-DH anima particularmente a las autoridades encargadas de impartir justicia a excluir de manera integral toda prueba obtenida mediante tortura o cualquier otra violación a derechos humanos”, señaló en un pronunciamiento.

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Para dicha exclusión, se requiere que las autoridades judiciales tengan la capacidad de realizar una revisión inmediata, independiente e imparcial de las investigaciones, de las detenciones y de los procesos penales; estén dotadas de las capacidades técnicas necesarias para ello, y actúen libres de cualquier influencia, presión, amenaza o intromisión indebida”.