Ciudad de México.- La ministra Lenia Batres Guadarrama ha lanzado una fuerte crítica contra la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señalando que su gestión culminará con un saldo “muy duro” y negativo para las comunidades indígenas de México. Según Batres, de las 56 leyes invalidadas por la SCJN a través de acciones de inconstitucionalidad, 55 fueron en contra de los pueblos originarios.

Durante la presentación del documental sobre la comunidad indígena de Crescencio Morales, la togada instó a no normalizar este patrón y advirtió que el gran desafío para la próxima Corte —que tomará posesión el 1 de septiembre— será garantizar que los derechos constitucionales de los pueblos indígenas no sigan siendo “letra muerta”.

“Son 56 leyes invalidadas en esta Suprema Corte, de las cuales 55 fueron invalidadas en contra de comunidades indígenas, alegando el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas. No se vale. No es posible. No puede seguir sucediendo. No podemos dejar que siga pasando”, enfatizó Batres Guadarrama en la sede del máximo tribunal.

La ministra subrayó que las comunidades indígenas requieren un apoyo significativo del país, no solo a nivel gubernamental, sino también en un reconocimiento jurídico y constitucional que, aunque ya establecido, debe ser efectivamente jurisdiccional.

La Lucha de Crescencio Morales en la SCJN

Batres encabezó la presentación del documental “Zazhi Ni Múbú, es fuerte tu corazón”, una obra que narra la lucha jurídica de la comunidad mazahua de Crescencio Morales, Michoacán, por defender su derecho a ejercer presupuesto público en beneficio de sus habitantes.

El documental, realizado por la ponencia de la abogada en colaboración con la comunidad, detalla el caso analizado en la Corte bajo la controversia constitucional 17/2022.

En este caso, el municipio de Zitácuaro impugnó leyes de Michoacán que permiten a los pueblos indígenas administrar directamente recursos públicos para obras y servicios comunitarios.

La discusión sobre este asunto comenzó en la SCJN en abril de 2023. El ministro Javier Laynez propuso inicialmente invalidar las leyes argumentando una falta de consulta indígena, pero su proyecto fue rechazado. Se solicitó entonces un nuevo proyecto para revisar otras posibles inconstitucionalidades.

En su más reciente propuesta, ya circulada, Laynez vuelve a plantear la invalidez, ahora bajo el argumento de que las leyes afectarían las facultades presupuestales municipales. La discusión de este crucial caso está programada para el 15 de julio.

Tras la proyección del documental, Silvestre Chávez, líder comunitario, afirmó que seguirán luchando para conservar sus derechos y las obras sociales financiadas con recursos públicos.

Por su parte, el abogado Orlando Aragón, del Colectivo Emancipaciones, resaltó que la SCJN está a punto de enfrentar una discusión histórica sobre la autonomía indígena, e hizo un llamado a las ministras y ministros a considerar el impacto social de su decisión en este caso.