Texcoco, Estado de México.- Seis profesores de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) acusan que el reciente retiro de la denuncia penal en su contra por parte de la casa de estudios es un “engaño”, pues solo se realizó de “manera institucional”, pero persisten los señalamientos penales por supuestas lesiones contra trabajadores de la unidad jurídica de la UACh.

La situación es aún más grave para dos alumnas y un ayudante de investigación, quienes no fueron incluidos en este “desistimiento” parcial y continúan enfrentando acusaciones.

El conflicto se desató tras la rescisión del profesor Francisco Zamudio Sánchez, con más de 50 años de trayectoria, por su oposición a las reformas estatutarias propuestas por el rector Ángel Garduño García.

En apoyo al docente despedido, un grupo de académicos realizó una protesta pacífica el 18 de junio frente a la Unidad Jurídica, ubicada fuera del campus.

Denuncia “Terciversada” y Agresión a Alumna

Durante la protesta, la alumna Quetzalli Ramírez Matías intentó ingresar a la sede jurídica, pero el personal se lo impidió, dejándola atrapada entre la puerta por casi hora y media. La joven resultó lastimada por los vigilantes, un hecho que fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Texcoco.

Sin embargo, los profesores afectados denuncian que la querella penal interpuesta por las autoridades de Rectoría tergiversó los hechos, inventó lesiones de trabajadores e inició un proceso legal contra los seis profesores, las dos alumnas y el ayudante de investigación, Javier Jiménez Machorro.

Protestas, Mediación Federal y Desistimiento Parcial

Ante estas acusaciones, los profesores realizaron movilizaciones y pronunciamientos públicos denunciando una política de represión, acoso laboral y despidos injustificados por parte de las autoridades académicas, encabezadas por el rector Garduño y el jefe de la Unidad Jurídica, Aarón de la Rosa Zubrán. La situación escaló hasta requerir la intervención de autoridades federales para mediar en el conflicto.

Como resultado de las protestas, las autoridades académicas, a través de su apoderado legal, Aarón de la Rosa, enviaron una carta de desistimiento de las acusaciones a la Ministerio Público, Verónica Reyes Sánchez.

El oficio, al que MILENIO tuvo acceso, especifica un desistimiento únicamente por lo que hace a los CC. Salvador Díaz Sánchez, Melitón Córdoba Álvarez, Enrique Serrano Gálvez, Ángel Leyva Ovalle, Patricia Muñoz Sánchez, Sócrates Silverio Galicia Fuentes, es decir, solo los seis profesores. La carta también solicita dejar “a salvo los derechos” de varias otras personas, incluyendo a las alumnas implicadas, pero sin formalizar un desistimiento para ellas.

Exigen Cierre Total de Carpeta de Investigación y Reparación Moral

Los seis profesores han expresado su profunda inconformidad por la naturaleza parcial del desistimiento, argumentando que no resuelve el problema de fondo y que la UACh optó por una vía “punitiva y violenta” al presentar una denuncia penal falsa, lo que genera un efecto “inhibitorio” en la comunidad.

Asimismo, señalan que la permanencia abierta de la carpeta de investigación contra las alumnas y el ayudante de investigación contraviene la prontitud e imparcialidad, prolongando indebidamente la incertidumbre.

Exigen al Consejo Universitario que se pronuncie contra la represión y criminalización, y que gestione el cierre total, definitivo e inmediato de la carpeta de investigación penal, asegurando que ninguno de los nueve integrantes de la comunidad (6 profesores, 2 alumnas y 1 ayudante) quede sujeto a proceso o con señalamiento penal alguno.

Esto implica que el abogado general de la UACh formalice el desistimiento total y que la cancelación de la imputación sea documentada y comunicada por escrito.

Además, demandan una reparación moral e institucional a favor de las nueve personas “injustamente acusadas”, incluyendo una disculpa pública institucional, la rectificación oficial de cualquier información que los haya señalado como agresores, y el retiro de notas desfavorables en sus expedientes.

También solicitan apoyo psicológico en caso de ser necesario y garantías de no repetición, implementando medidas para cesar el hostigamiento y las represalias contra el pensamiento crítico dentro de la UACh.

Por su parte, las dos alumnas y el ayudante de investigación afirman que las autoridades académicas mantienen en su contra la denuncia penal “con hechos irreales, sin una indagatoria previa, violando su presunción de inocencia, el debido proceso y la certeza jurídica”.

En una misiva, señalaron que la institución no llevó a cabo una investigación interna rigurosa que justificara una acusación penal contra integrantes de su propia comunidad, lo que vulnera sus derechos fundamentales y envía un mensaje alarmante de represión, indicando que quien cuestione o proteste será tratado como delincuente.

Criticaron que la universidad invisibiliza a la víctima (la alumna agredida) y da respaldo institucional a quien fue señalado como responsable.

” Consideramos que la Universidad Autónoma Chapingo tiene no sólo el deber moral, sino la obligación legal de velar por la integridad, seguridad y derechos de sus estudiantes, por encima de cualquier otro interés. No exigimos privilegios, sino simplemente el esclarecimiento de la verdad de los hechos y el ejercicio pleno de los derechos que nos asisten”, concluyeron los afectados.

Con información de LA JORNADA