Dolores Hidalgo, Gto.- Tras ser rescatados de un rancho en el municipio de Dolores Hidalgo, casi 700 jornaleros agrícolas, en su mayoría indígenas, han rechazado la oferta del gobierno de Guanajuato para regresar a sus estados de origen como Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. La razón: aseguran que en sus lugares de procedencia no tienen fuentes de ingreso para subsistir.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el pasado viernes se llevó a cabo el rescate de adultos y menores de edad que presuntamente eran víctimas de trata de personas en su modalidad de explotación laboral.

Hasta el momento, se ha logrado identificar a 642 trabajadores: 458 adultos y 184 niños. Adicionalmente, se tiene información de 30 adolescentes que se ausentaron del lugar antes de la llegada de las autoridades.

” Se les está ofreciendo a quien se quiera regresar a sus lugares de origen, pero la gente no se quiere regresar, la gente quiere seguir trabajando. Ellos comentan que en sus lugares de origen no hay trabajo y no tendrían dinero para comer”, reveló Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno. Añadió que estos jornaleros suelen moverse a plantaciones en San Luis Potosí, Sinaloa y Baja California.

Investigación en Curso y Sin Detenidos por Trata

El secretario de Gobierno enfatizó que, aunque la explotación laboral de jornaleros ocurre en diversos estados de México, en Guanajuato estamos atendiendo el problema y estamos procurando y trabajando para que esto no se dé en nuestro estado. Respecto a los niños encontrados, Jiménez Lona aseguró que todos están con sus familias y que no hay infantes solos.

El caso también está siendo atendido por la Subsecretaría de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y Personas Afromexicanas de la Secretaría de Derechos Humanos.

” Me dicen que algunas personas no hablan castellano, entonces buscar la manera de seguirles dando acompañamiento y tutelarles sus derechos”, manifestó Jiménez Lona.

Actualmente, la Fiscalía continúa interviniendo en el rancho, aunque lo ha dejado en “depositaria” de los encargados del lugar para evitar daños mayores.

Hasta el momento, no hay personas arrestadas por el presunto delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral; solo hay un detenido por posesión de narcóticos.

” Hay una investigación en proceso y hay que esperar el resultado de la investigación”, pidió Jiménez Lona.

El secretario confirmó que, al momento de la intervención, los dueños o encargados del rancho no se encontraban presentes, aunque esto no los exime de responsabilidad. La denuncia por presunta trata fue interpuesta ante la FGE por la Secretaría de Salud y la Subsecretaría del Trabajo de Guanajuato.

Violaciones a Derechos Laborales y Humanos

” La Fiscalía interviene y encuentran situaciones donde hay posibles violaciones a derechos laborales, derechos humanos, como el hacinamiento y varias cuestiones que son ahí preocupantes”, declaró el funcionario. Explicó que la intervención se basó en posibles violaciones a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

El artículo 21 de dicha ley establece que la explotación laboral se castiga con penas de tres a 10 años de prisión, las cuales aumentan a entre cuatro y 12 años cuando las víctimas pertenecen a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

La ley define la explotación laboral cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, un beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad. La explotación se configura bajo diversas condiciones, como:

– Condiciones peligrosas o insalubres sin las protecciones laborales necesarias.

– Desproporción entre el trabajo realizado y el pago.

– Salarios por debajo de lo legalmente establecido.

– Jornadas de trabajo superiores a las establecidas por la ley.

Con información de LA JORNADA