En 2021, el Ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT). En abril de ese mismo año, la propuesta del Presidente fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Uno de los artículos modificados fue el 127, en su fracción VIII, que introdujo un tope al monto individual de utilidades por trabajador: “El monto de la participación de los trabajadores en las utilidades tendrá como límite máximo el equivalente a tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, el que resulte más favorable”.

A pesar de esta modificación, se mantuvieron sin cambios dos parámetros esenciales: la obligación de las empresas de repartir el 10% de sus utilidades netas, y el umbral mínimo de 300 mil pesos anuales para estar sujetas a dicha disposición.

El Gobierno justificó los cambios a la LFT por la creciente concentración del ingreso y el uso extendido de esquemas de subcontratación (outsourcing), mediante los cuales empresas externas proveían personal sin reconocer derechos laborales. Generalmente, los empleados con cargos gerenciales eran los más beneficiados con el reparto de utilidades, mientras que los trabajadores subcontratados quedaban excluidos de esta prestación.

Los efectos comenzaron a verse a mediano plazo: la participación del trabajo en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional pasó de 26.1% en 2017, al 31.8% en 2024. En términos monetarios, en 2022 se repartieron aproximadamente 183 mil millones de pesos, mientras que en 2023 la cifra aumentó a 231 mil 563 millones.

Saltillo, en el ‘top ten’

Al analizar la geografía humana y el mapa industrial de Coahuila, el académico estudioso del desarrollo regional se encuentra con un patrón dual bien definido. Por un lado, en el sureste del estado -especialmente en la región de Saltillo- se concentra una densa red de empresas medianas y grandes, muchas de ellas integradas a cadenas de valor nacionales e internacionales. Por otro lado, en el resto del estado predominan las micro y pequeñas empresas, dispersas territorialmente pero funcionalmente articuladas a grandes corporativos, tanto públicos como privados.

Ejemplos de esta articulación son evidentes en la región Laguna, donde las agroempresas están vinculadas al procesamiento industrial de lácteos; o en la zona norte, dominada por maquiladoras que operan con bajo valor agregado. Este modelo desigual de desarrollo industrial se refleja directamente en la distribución de las utilidades empresariales en el estado. De acuerdo con datos correspondientes al ejercicio fiscal de 2025, Saltillo -como polo económico del Sureste- concentró más de 90% de las utilidades repartidas a los trabajadores en Coahuila, lo que reafirma su posición como el principal motor económico de la entidad.

El monopolio sindical

En 2025, el monto total de utilidades distribuidas entre los trabajadores del país ascendió a 240 mil 230 millones de pesos. De ese total, alrededor de 2 mil millones de pesos -equivalentes a menos de 1 % del total nacional- se repartieron entre aproximadamente 280 mil trabajadores de Saltillo y su zona conurbada. Aunque esta cifra es significativa a nivel regional, sigue siendo menor a la registrada en entidades como Jalisco y Nuevo León, donde el reparto alcanzó 32 mil millones y 29 mil millones de pesos, respectivamente.

Coahuila es uno de los pocos estados del país donde no ha existido alternancia política en la gubernatura desde 1929. Todos los mandatarios estatales han sido postulados por el PRI o por alguno de los partidos que lo antecedieron, lo que ha favorecido la permanencia de estructuras de poder corporativas, entre ellas, el sindicalismo oficialista. En este contexto, destaca la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que mantiene una presencia hegemónica en el ámbito laboral de la región. De las 650 empresas establecidas en el Sureste del estado, más de 80 % tiene firmados contratos colectivos con la CTM, mientras que el sindicalismo independiente tiene una presencia marginal.

Según datos de la propia CTM, las empresas que no repartieron utilidades en 2025 ofrecieron a sus empleados bonos solidarios como forma de compensación, una medida aplicada por alrededor de 146 factorías. El número de quejas formales por incumplimiento del pago de utilidades fue prácticamente nulo, lo que, según las autoridades sindicales, refleja un clima de estabilidad laboral en la región y el estado.

Derrama económica

Desde la teoría económica, los bienes se clasifican por su durabilidad, es decir, por el tiempo que tardan en consumirse. Los bienes no duraderos, como los alimentos, satisfacen necesidades de forma inmediata, pero efímera. Esta distinción ayuda a entender el destino que las familias trabajadoras dan al ingreso extra que reciben en mayo por concepto de utilidades.

En Saltillo, los trabajadores formales beneficiados con la Participación en las Utilidades de la Empresa (PTU) recibieron en promedio 7 mil 143 pesos, adicionales a su salario regular. A su vez, algunos de los asalariados que laboran en empresas, fueron compensados con un bono solidario promedio de 4 mil pesos. Vista desde una perspectiva microeconómica, esta derrama adquiere un sentido más realista sobre su poder adquisitivo en las familias, el cual es marginal, de ahí, y de acuerdo con representantes de las cámaras empresariales, los sectores comercial y restaurantero fueron los más beneficiados por esta dinámica, con una derrama estimada en alrededor de 10 millones de pesos durante las semanas posteriores al reparto.