Ciudad de México.- Tras más de dos horas de reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa consideraron que la respuesta es la misma desde “la verdad histórica”, no obstante, recibieron la promesa de nuevas líneas de investigación el 4 de septiembre.

“Se presentó lo que ya conocemos, las detenciones que ha habido, las detenciones últimas que se hicieron, las búsquedas que se están realizando en terreno.

“Eso nos molestó. Sí, claro, una molestia, por eso los padres dijeron que estamos en lo mismo. Pero bueno, ella ella refiere que no, que hay nuevas líneas que se están indagando y que van a ser presentadas el 4 de septiembre”, adelantó el abogado Vidulfo Rosales.

Será hasta dentro de un mes, indicó el abogado, cuando el Gobierno les presente las nuevas líneas de investigación con un nuevo Fiscal especial al frente, Mauricio Pazarán, el tercero desde 2018, cuando el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador les prometió llegar a la verdad.

“Nosotros hemos estado reclamando, y ahorita reclamamos, ahí en la mesa, que hay un retorno a la verdad histórica (la explicación del Fiscal General Jesús Murillo Karam, de qué los normalistas fueron confundidos, asesinados, quemados, y sus restos esparcidos en el Río de Cocula) , todas las detenciones realizadas nos confirman que estamos regresando”, acusó.

“Nosotros no damos un cheque en blanco. Ya se han tenido muchos fiscales, llevamos 11 años, cambio de Fiscal tras Fiscal sin resultados ¿verdad? Se nos dijo en el pasado, en el Gobierno anterior, que era un Fiscal de las confianzas del Gobierno y resulta que pues resultó que está ahí empañada su gestión con actos de corrupción, ¿verdad? Entonces, imagínese cómo vamos a confiar hoy en día en un nuevo Fiscal que nos están diciendo ahora sí este va a ser bueno”, señaló.

El abogado dijo que solicitaron a la Presidenta que en las nuevas líneas de investigación se incluya el caso de los 17 detenidos normalistas que la noche del 26 de septiembre de 2014 fueron trasladados ante un juez de barandilla en Iguala, Guerrero, que solicitó luego asilo político en Estados Unidos.